Caso «Lucía»: 18 años de prisión para el abuelastro de la niña por abuso sexual agravado

Publicado el: 14 febrero, 2020

La justicia tucumana condenó a 18 años de prisión efectiva al abuelastro de «Lucía», la niña de 11 años que había quedado embarazada luego de ser abusada sexualmente por la pareja de su abuela.

Producto de esa violación, la niña resultó embarazada y durante casi un mes debió sortear numerosos obstáculos hasta que el Estado autorizó el acceso al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que había sido solicitado por la niña y su familia.

Las organizaciones de Derechos Humanos Andhes y Cladem reclamaron que se avance con el juzgamiento a los responsables estatales de las torturas contra Lucía, a quién le obstaculizaron el acceso a la interrupción legal del embarazo durante casi un mes. Además, exigieron el cierre de la causa contra José Gijena y Cecilia Ousset, los médicos que garantizaron el acceso de «Lucía» a la interrupción de su embarazo.

A casi un año del hecho, el acusado fue condenado en un juicio abreviado a 18 años de prisión por el delito de «abuso sexual doblemente agravado por el grave daño a la salud mental y física de la niña aprovechando la situación de convivencia». La máxima tipificada en los casos de abuso sexual agravado son 20 años. La pena será de cumplimiento efectivo en Villa Urquiza.

La audiencia se desarrolló en la Sala V de debate oral penal a cargo de los jueces Fabián Fradejas, María Balcazar y Juana Francisca Juárez.  «Sol” (se resguarda su verdadera identidad para proteger a la niña), madre de Lucía, pidió la palabra y solicitó la pena máxima para el acusado porque «causó un daño tremendo y le arruinó la vida y dejó marcada a mi hija y toda mi familia».

Por otro lado, el tribunal dictó medidas de reparación a la niña y solicitó al Poder Ejecutivo asistencia psicológica gratuita para Lucia, una beca para que pueda terminar sus estudios y asistencia social para ella y su familia. Además, instó al PE a realizar relevamientos sobre abuso sexual infantil, desarrollar campañas contra la violencia hacia las mujeres con protocolos de denuncias en toda la provincia, en especial en 7 de abril, con perspectiva de derechos humanos y género.

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