La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, denunció ante la Justicia penal un presunto fraude de $500 millones que comprometería a funcionarios de la gestión anterior, encabezada por el exintendente Germán Alfaro. La denuncia fue presentada en noviembre de 2024 por la Fiscalía municipal, luego de que se detectaran maniobras financieras irregulares con fondos provinciales enviados en 2020, que habrían sido depositados en una cuenta bancaria no registrada oficialmente por el municipio.
La investigación comenzó cuando el Ministerio de Economía de la Provincia, a cargo de Daniel Abad, informó a Chahla sobre una deuda de $500 millones que la Municipalidad mantenía con el gobierno provincial. Según registros oficiales, ese dinero había sido transferido en 2020 por orden del entonces gobernador Juan Manzur. Sin embargo, al revisar las cuentas municipales, las actuales autoridades solo hallaron registro de $250 millones, ingresados en una cuenta oficial mediante dos transferencias de $125 millones cada una.
Lo más grave fue el hallazgo de una segunda cuenta en el Banco Macro, abierta a nombre de la Municipalidad pero nunca registrada formalmente. Según el fiscal municipal Conrado Mosqueira, esa cuenta recibió cuatro depósitos de $125 millones entre junio de 2020 y febrero de 2021. Fue abierta por pedido directo de Alfaro y manejada por los exfuncionarios Luis Ocaranza (Gobierno) y Carlos Gómez (Economía y Hacienda). La cuenta fue cerrada en noviembre de 2024, tras haber sido “vaciada”, y nunca formó parte del sistema contable municipal.
Mosqueira explicó que el préstamo no tenía el aval del Concejo Deliberante, lo que viola la normativa vigente y deja sin respaldo legal la operación. “Ese dinero, equivalente a unos U$S 3,8 millones de la época, desapareció sin dejar rastro documental”, afirmó el funcionario.
El caso se conoció durante una reunión conjunta de los gabinetes municipal y provincial, encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Chahla, donde también se trató el reclamo por la deuda que la Provincia comenzó a descontar automáticamente de la coparticipación de la Capital. Según el contador general Marcelo Albaca, esto no deja sin fondos al Municipio, pero sí afecta fuertemente sus cuentas corrientes.
Ante la falta de avances en la causa, la Municipalidad analiza constituirse como querellante para impulsar el proceso penal. El expediente ya está en manos del fiscal regional Fernando Blanno y se encuentra en etapa de evaluación de pruebas y análisis de movimientos bancarios.
