Cristina Kirchner y otras ocho personas condenadas en la causa Vialidad, deberán devolver bienes por un valor de $84.835 millones, según decidió el Tribunal Oral Federal Nro. 2 el 6 de diciembre de 2022. Este monto debe ajustarse al valor actual. La expresidenta, que tiene una condena de seis años de prisión y no podrá volver a ejercer cargos públicos, declaró un patrimonio de casi $250 millones al finalizar 2023, según informó a la Oficina Anticorrupción. Este monto, aunque mayor en números nominales que el año anterior, representa una disminución real de su patrimonio debido a la inflación.
Según su última declaración jurada de 2023 (la de 2024 no está obligada a hacerla pública), la mayor parte de su patrimonio, unos $170 millones, está en acciones de sociedades que no identifica. Estas acciones aparecen en 11 renglones con valores individuales, por lo que no se sabe si corresponden a una o varias empresas. La fecha de ingreso de estas participaciones a su patrimonio es octubre de 2023, dos meses antes de dejar la vicepresidencia.
La familia Kirchner es dueña de dos empresas investigadas por la Justicia: Hotesur, dueña del Hotel Alto Calafate (adquirida en 2008), y Los Sauces, la inmobiliaria familiar (comprada en 2006).
Entre sus propiedades, se encuentra el departamento en el que Cristina Kirchner vive, en el barrio de San Cristóbal, en la calle San José 1111. Este departamento, comprado por Los Sauces en junio de 2015 por USD 370.000, es donde vivía Florencia Kirchner y está embargado en la causa Hotesur-Los Sauces.
En mayo de 2016, Cristina Kirchner dejó de ser dueña de las acciones de estas dos empresas familiares y de CO.MA.SA (sin actividad conocida), tras donar en vida todos sus bienes y acciones a sus hijos, Máximo y Florencia. Esto ocurrió justo cuando la Justicia Federal comenzó a investigarla por presunta corrupción. Esta donación fue denunciada como un intento de evitar medidas judiciales sobre su patrimonio.
Ese mismo año, también dejó de ser dueña de la mitad de cuatro casas en Río Gallegos y de su casa de 520 m2 en El Calafate, ubicada junto al hotel boutique Los Sauces. Esta última casa fue ampliada en un terreno que pertenecía a Lázaro Báez, y que Cristina Kirchner obtuvo a cambio de un lote de su propiedad frente al Lago Argentino con Austral Construcciones. Báez fue el dueño de la empresa insignia de este empresario patagónico, a quien la ex presidenta dice no conocer como “amigo”, pero cuyos negocios en común y crecimiento patrimonial nunca explicó.
Debido a esta donación a sus hijos, en su última declaración patrimonial de 2023, Cristina Kirchner no informó inmuebles propios. Sin embargo, sí consignó $60,5 millones por el “usufructo” de dos de esas propiedades que antes estaban a su nombre: su departamento de Recoleta (calle Uruguay esquina Juncal) y su casa en Calafate. Aunque adquirió estos inmuebles mucho antes (el departamento de Recoleta en 1980 y la casa de Río Gallegos en 1979), declaró que “ingresaron a su patrimonio” en marzo de 2016, cuando concretó la donación a sus hijos.
Los informó como “derechos reales en el país”, con una valuación para el impuesto a los Bienes Personales de 2022, ya que “no se contaba con la publicación del nuevo coeficiente de actualización”. El contador Ariel Eyman explicó a Infobae que se declara el usufructo de un bien que no está a nombre de la persona cuando ya lo donó en vida, pero quien lo usa debe pagar el impuesto correspondiente, con una valuación que se actualiza anualmente.
En julio de 2023, Cristina Kirchner compró un Toyota Corolla Híbrido modelo 2023, que declaró en $15.333.801.
Además, informó tener $1.744.271 en cuatro cajas de ahorro en el país y bienes del hogar por $1.843.496. No declaró dinero en el exterior ni deudas. Como ingresos anuales durante 2023, informó $97.727.008, y gastos personales por $82.109.709.
En diciembre del año pasado, la Cámara Federal revocó el archivo de una denuncia por inconsistencias en las declaraciones juradas de la ex presidenta y ordenó seguir investigando su patrimonio. La última investigación por enriquecimiento ilícito, referida al período 2010-2014, había sido cerrada por el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, los mismos que estuvieron en la causa Vialidad.
