El Gobierno nacional modificó el estatuto de la Policía Federal mediante el decreto 383/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La medida, anunciada esta semana, cambia las funciones de la fuerza, que ahora podrá hacer ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial, lo que generó fuertes críticas de la oposición y especialistas en derechos humanos.
Según el decreto, la Policía Federal tendrá como misión principal prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos, además de proteger la seguridad del Estado. También se establece un nuevo sistema de ingreso con formación universitaria, siguiendo modelos como el del FBI de Estados Unidos.
Uno de los puntos más cuestionados es la autorización para que los agentes realicen patrullajes digitales en redes sociales y sitios web públicos sin autorización judicial. Aunque el texto aclara que se debe respetar la privacidad y la libertad de expresión, organizaciones advierten que estas prácticas ya generaron abusos en el pasado, como detenciones por publicaciones críticas en redes sociales.
Además, la reforma permite hacer requisas personales o de vehículos sin orden judicial si se presume que hay pruebas relacionadas con un delito, especialmente en operativos de prevención o cuando no se puede esperar una orden por riesgo de perder evidencias.
Desde la oposición, el diputado José Glinski (Unión por la Patria) criticó que se impusiera una reforma de este tipo sin pasar por el Congreso. Advirtió que la medida habilita funciones de inteligencia por fuera del control democrático. En la misma línea, el legislador Leopoldo Moreau sostuvo que el decreto muestra una “deriva autoritaria” del Gobierno.
También desde el bloque Democracia para Siempre, la radical Mariela Coletta aseguró que la reforma debería haberse debatido en el Parlamento y denunció que “el Gobierno limita las libertades” al tomar decisiones sin consenso.
