El Gobierno nacional suspendió o eliminó 80.080 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral tras una auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud. La medida, que se aplica en todo el país, comenzó este año y busca revisar más de un millón de casos para garantizar que solo cobren quienes realmente lo necesitan.
Según datos oficiales, esta revisión permitirá un ahorro mensual de más de $23.000 millones, ya que el monto promedio de cada pensión ronda los $289.000 entre el haber básico y el bono. Del total de bajas, 65.230 fueron por no asistir a los controles médicos obligatorios, 6.643 por corresponder a personas fallecidas y 8.207 por renuncias voluntarias tras ser notificadas.
El titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, aseguró que la medida no busca ajustar gastos, sino limpiar el sistema de irregularidades. “Vamos a sostener las pensiones de quienes realmente las necesitan, pero no vamos a seguir financiando la corrupción kirchnerista”, afirmó.
Las auditorías están a cargo de médicos del PAMI y personal especializado, y los beneficiarios reciben una notificación por carta documento. Si no se presentan a los controles, se inicia un protocolo que puede terminar en la cancelación definitiva del beneficio. Quedan exceptuados del proceso los menores de edad y quienes ya fueron evaluados este año.
