En medio de la crisis del transporte público en San Miguel de Tucumán, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AETAT) y la Municipalidad capitalina protagonizaron un duro cruce luego de que los empresarios advirtieran en una carta enviada a la intendenta Rossana Chahla que la situación del sector es “crítica” y que podría producirse una paralización del servicio en el corto plazo.
La nota, firmada por el presidente de AETAT, Daniel Orell, señaló que la emergencia se agravó por la caída de la demanda, el deterioro económico, el crecimiento de medios alternativos de transporte —legales e ilegales— y la falta de políticas públicas en los últimos 15 años. Aunque aclararon que no pedirán un aumento del boleto, que hoy cuesta $950, propusieron avanzar hacia un modelo de pago por kilómetro recorrido, como ya aplican ciudades como Salta, Mendoza y Córdoba.
Desde la Municipalidad la respuesta fue inmediata y contundente. Alejandro Sangenis, subsecretario de Gobierno y funcionario cercano a la intendenta, cuestionó a los empresarios y los acusó de enriquecerse con subsidios. “Reaparecieron los muertos vivos, millonarios que viven de subsidios y unidades nuevas gratis, sometiendo a la población más sufrida a interminables esperas e inseguridad por restringir las frecuencias”, lanzó. También desafió a las empresas a “competir en Salta, Mendoza y Córdoba” y aseguró que “la gente los repudia y hay que ponerlos en su lugar”.
Por ahora no hay confirmación de una nueva reunión entre las partes, pero el enfrentamiento refleja la gravedad de la crisis y la urgencia de encontrar una solución para garantizar la continuidad del servicio urbano en la capital tucumana.
