El Gobierno de Javier Milei anunció que restituirá 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas, en cumplimiento de una orden del juez federal Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la resolución 13901/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), intervenida por Alejandro Alberto Vilches, y deberá cumplirse en un plazo de 24 horas.
El fallo judicial, dictado en el marco de una acción de amparo presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), ordena restituir la totalidad de las pensiones suspendidas en todo el país y prohíbe nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva. La medida responde a los reclamos por la aplicación del Decreto 843/2024, que había elevado al 66% el umbral de incapacidad laboral y ampliado las causales de suspensión del beneficio.
Según el juez Díaz Martínez, la suspensión masiva vulneró derechos individuales y colectivos, ya que la auditoría iniciada por la ANDIS en 2024 se realizó sin criterios públicos ni garantías de defensa para los beneficiarios. En su resolución, el magistrado citó el precedente “Halabi, Ernesto c/ PEN” de la Corte Suprema, para justificar el alcance nacional del fallo.
Desde la ANDIS informaron que ya se restituyeron más de 600 pensiones y que el proceso de recuperación del beneficio se completa en 48 horas. Sin embargo, aclararon que no se restablecerán los pagos a personas presas, pese a que la orden judicial incluye a todos los beneficiarios suspendidos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que las auditorías detectaron casos irregulares, como 27.000 pensiones de personas fallecidas y 55.000 beneficiarios sin justificación médica válida. “El objetivo es que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan y evitar fraudes en el sistema”, señaló.
El Gobierno, así, acata la decisión judicial pero mantiene su plan de control y depuración del sistema de pensiones, lo que anticipa una nueva tensión entre la Justicia y el Ejecutivo, mientras miles de beneficiarios esperan la restitución de un derecho considerado esencial para su subsistencia.
