La Justicia imputó este sábado a un joven de 18 años, conocido como “Chueco”, como principal acusado del homicidio de Zoe Robledo, la niña de siete años asesinada de un balazo en San Cayetano, y dispuso que permanezca con prisión preventiva durante cuatro meses, medida solicitada por la Unidad de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, debido al riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
El acusado fue señalado como autor del hecho bajo la figura de homicidio doblemente agravado, por el uso de arma de fuego y por el accionar premeditado de dos o más personas. Este plazo cautelar coincide con el que ya pesa sobre otro imputado de 19 años. Durante la audiencia, “Chueco” dijo trabajar como vendedor ambulante y pidió custodia en su domicilio porque vecinos incendiaron su casa tras conocerse la muerte de Zoe.
Tras la audiencia, fue trasladado desde la División Homicidios a la Unidad 5 de Villa Urquiza. La jueza ordenó además su traslado al Cuerpo Médico Forense para constatar lesiones mencionadas por la defensa y realizar un informe antropométrico que permita comparar su fisonomía con un video de una cámara de seguridad.
El joven tiene dos legajos previos cuando era menor de edad, uno con declaración de responsabilidad penal.
La auxiliar fiscal María José Agüero informó que la autopsia preliminar determinó que Zoe falleció por un traumatismo encéfalo craneano grave. Entre las pruebas recolectadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) se encuentran: una vaina servida, alteraciones balísticas en una tela metálica y tres chapas, una mancha pardo rojiza en el patio y un proyectil. Los peritos concluyeron que el disparo se hizo desde el exterior, de forma descendente y en dirección noreste-suroeste.
La fiscalía aún debe realizar dos entrevistas en cámara Gesell a menores que presenciaron el ataque. Agüero señaló que se trató de un hecho de violencia extrema contra una víctima vulnerable, con riesgo para terceros, y que una eventual condena sería de cumplimiento efectivo.
La jueza convalidó el plazo pedido por la fiscalía, señalando que la magnitud del daño era irreparable y que estaba probado el riesgo de fuga y de obstaculización del proceso.
