El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó una ordenanza que declara a la achilata de interés turístico municipal, con el objetivo de revalorizar un producto típico de la identidad tucumana, ordenar su venta y potenciar el turismo, pero la iniciativa generó un fuerte cruce político por el rol del Sindicato de Vendedores Ambulantes y las condiciones para trabajar en el espacio público.
El proyecto fue impulsado por el concejal justicialista Emiliano Vargas Aignasse, quien defendió la norma como una herramienta de política pública para jerarquizar la achilata, promover el turismo y regular una actividad históricamente informal. Según explicó, la propuesta no busca prohibir la venta ambulante, sino ordenarla bajo reglas claras.
Entre los puntos centrales, la ordenanza prevé la creación de la llamada “ruta de la achilata”, un circuito turístico con espacios definidos por la Municipalidad donde los vendedores podrán ofrecer el producto. El esquema incluye carritos habilitados por Bromatología, controles sanitarios y la posibilidad de que los trabajadores se formalicen mediante el monotributo, accediendo a obra social y aportes jubilatorios.
Vargas Aignasse sostuvo que la iniciativa apunta a combinar promoción turística, ordenamiento urbano y derechos laborales, y aseguró que existe voluntad del Ejecutivo municipal para reglamentar la ordenanza y ponerla en marcha. En cuanto al gremio, señaló que el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina es una organización nacional que representa a trabajadores del sector y que la reglamentación deberá garantizar el cumplimiento del marco legal.
Desde la oposición, el concejal radical Leandro Argañaraz cuestionó duramente la norma y advirtió que excede una simple declaración simbólica. A su entender, la ordenanza restringe la libertad de trabajo de los achilateros y los obligaría, en los hechos, a afiliarse al sindicato, pagar cuotas, adquirir indumentaria y alquilar carritos a través del gremio para poder vender.
Argañaraz afirmó que el texto beneficia a un sector gremial específico y consideró grave que los vendedores deban ser designados por el sindicato. Si bien aclaró que no se opone a los controles bromatológicos ni sanitarios, remarcó que esas funciones ya corresponden al municipio y cuestionó que el Estado condicione el ejercicio de un oficio tradicional.
Mientras el oficialismo confía en que la reglamentación despejará dudas, la oposición anticipó que el debate continuará. Así, la achilata, símbolo del verano tucumano, quedó en el centro de una discusión más amplia sobre informalidad, regulación, sindicalización y el alcance de la intervención estatal en el espacio público.
