El gobierno de Entre Ríos denunció este martes el hallazgo de dispositivos ocultos de grabación de audio y video en oficinas oficiales, entre ellas el despacho del gobernador Rogelio Frigerio y la Secretaría General de la Gobernación, y presentó una denuncia penal para identificar a los responsables, determinar desde cuándo estaban instalados y qué se hizo con la información obtenida.
La situación fue confirmada mediante un comunicado oficial, en el que la administración provincial calificó el hecho como un delito grave que atenta contra la institucionalidad, la privacidad y la seguridad de las autoridades democráticamente electas. Además de la denuncia judicial, se ordenó una investigación administrativa interna para esclarecer lo ocurrido.
Desde el gobierno señalaron que el objetivo de la investigación es establecer quién colocó los dispositivos, cuánto tiempo permanecieron en las oficinas y si el material registrado fue utilizado o difundido. En el texto oficial remarcaron que no habrá encubrimientos ni relativizaciones frente a este tipo de prácticas ilegales.
El propio Frigerio se expresó sobre el tema a través de su cuenta en la red social X, donde ratificó la denuncia y afirmó que en Entre Ríos “se terminaron las prácticas oscuras del pasado”, destacando que la transparencia y la legalidad no se negocian.
El hecho también generó repercusión política a nivel nacional. Desde el PRO repudiaron el espionaje denunciado y manifestaron su respaldo al gobernador, al considerar que se trata de un episodio grave que debe ser investigado por la Justicia para sancionar a los responsables.
