Una armería de Tucumán quedó nuevamente en el centro de una investigación nacional por tráfico ilegal de armas, tras una serie de 141 allanamientos realizados en varias provincias que terminaron con 35 detenidos, en una causa que investiga cómo se compraban armas de forma legal para luego desviarlas al mercado negro y abastecer a organizaciones criminales, incluso en el exterior.
El caso tiene su origen en diciembre de 2023, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron en Aguilares a dos ciudadanos chilenos que viajaban en un micro hacia Mendoza. Durante el control, encontraron ocho pistolas calibre 9 mm y 13 cargadores sin documentación, lo que encendió las alarmas y dio inicio a la investigación.
A partir de ese procedimiento, el fiscal federal Agustín Chit logró reconstruir un complejo circuito ilegal. Según la hipótesis, empleados de una armería ubicada en Chacabuco al 100 habrían montado un sistema donde utilizaban “testaferros” (personas habilitadas como legítimos usuarios) para comprar armas de manera legal y luego desviarlas al circuito clandestino.
En este esquema también participaban intermediarios y compradores formales que figuraban como titulares del armamento, aunque en realidad las armas terminaban en manos de redes criminales. Incluso, se detectó que algunas eran enviadas a Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, donde eran utilizadas por bandas narco.
La investigación creció y se conectó con una causa mayor en Buenos Aires, lo que derivó en un megaoperativo coordinado por la Policía Federal, con allanamientos en distintas provincias, incluida Tucumán, donde se volvió a intervenir la armería sospechada.
Como resultado, se secuestró un arsenal impresionante: pistolas, escopetas, fusiles, ametralladoras, más de 40.000 municiones y hasta una granada, además de elementos vinculados a maniobras de lavado de dinero.
Uno de los datos más alarmantes es que armas provenientes de este circuito habrían llegado a organizaciones criminales internacionales, como el Comando Vermelho en Brasil, donde incluso se encontró un fusil FAL argentino en operativos policiales.
La Justicia ahora analiza las pruebas y pericias, especialmente sobre teléfonos celulares secuestrados, para determinar responsabilidades y definir la situación procesal de los implicados, en una causa que expone la magnitud de un negocio ilegal que operaba con apariencia de legalidad.
