El expediente está caratulado oficialmente como “Aydar Alfredo y otro s/ estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada” (Legajo N° S-043913/2026), y se encuentra bajo la órbita del fiscal Carlos Saltor, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 4.
El letrado Aydar adquirió una fuerte relevancia mediática y exposición pública a nivel nacional al constituirse como el principal querellante en la resonante megacausa “Adhemar Bacchiani s/ estafa”, vinculada a un masivo esquema Ponzi con criptomonedas.
Allí, Aydar asumió la representación de cientos de damnificados bajo la promesa de recuperar los capitales invertidos.
De acuerdo con la investigación, la víctima había obtenido una reparación integral del daño en el marco de la causa penal «Coronel José Luis s/ abuso sexual». Dicho acuerdo incluyó la entrega de una camioneta Ford Ranger 4×4 modelo 2023, valuada en unos 50 millones de pesos. Meses más tarde, el vehículo supuestamente fue vendido por 33,5 millones de pesos a Gastón Gatti, un allegado y amigo de Alfredo Aydar. Según la denuncia ratificada ante la Fiscalía, fue en ese preciso momento cuando comenzó la presunta maniobra de los profesionales para quedarse con el dinero.
La denunciante relató que Alfredo Aydar le aseguró que el sistema financiero no era seguro y que «podía volver el corralito», desaconsejándole depositar los fondos en un banco. Asimismo, argumentando que la joven residía en la zona de Villa Amalia, el letrado le habría advertido que corría riesgo de sufrir violentos robos o presiones por parte del entorno del abusador para recuperar el dinero.
“Estas afirmaciones no constituyeron simples consejos profesionales, sino un mecanismo para infundir temor, generar dependencia y convencerla de entregar el control absoluto de su patrimonio a los hermanos Aydar”, detalla la presentación judicial, según publica El Ancasti.
Uno de los puntos más oscuros de la acusación radica en el destino que los letrados le dieron a los fondos de la joven bajo la pantalla de colocaciones financieras secundarias. La causa incorpora audios y chats de WhatsApp donde supuestamente Alfredo Aydar reconoce haber colocado el dinero de la víctima en supuestos préstamos a terceros en la provincia de Santiago del Estero, prometiendo un interés mensual del 2,5%. Sin embargo, la auditoría preliminar encendió las alarmas de los investigadores: en estas operaciones no existen nombres de los tomadores, no se fijaron domicilios, no se exigieron garantías de ningún tipo y no media un solo contrato que respalde el movimiento del capital. Todo esto se realizó sin una sola autorización escrita de la víctima, quien jamás firmó mutuos ni consentimientos de inversión, según la denuncia.
Debido a la naturaleza de estas maniobras de captación y colocación habitual de fondos de terceros en el mercado de crédito —realizadas de espaldas a la damnificada y sin la debida autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA)—, el caso abre una nueva línea de análisis legal. Al respecto, fuentes judiciales aclaran que la Justicia Federal podría investigar de forma independiente y en paralelo el presunto delito de intermediación financiera no autorizada, una infracción que, al afectar el orden económico nacional, es de exclusiva competencia de los tribunales federales, sin que esto desplace la investigación por estafa, retención indebida y administración fraudulenta que lleva adelante la provincia.
Según la acusación, los abogados supuestamente justificaron la retención de otras millonarias sumas bajo el argumento de haber presentado más de 100 escritos judiciales en causas derivadas, pretendiendo presuntamente cobrar la cifra de 650.000 pesos por cada presentación. La denunciante afirma que nunca existió un convenio de honorarios, presupuestos ni rendición de cuentas que respaldara tales cobros.
«La justicia tucumana ha dispuesto que la causa se tramite bajo una estricta perspectiva de género, debido a la profunda asimetría de poder entre las partes. La acusación sostiene que los profesionales utilizaron la vulnerabilidad emocional, económica y social de la joven para manipularla y privarla del control de sus recursos», señala el diario catamarqueño.
La publicación agrega que la víctima tiene apenas 21 años, carece de conocimientos jurídicos, se encuentra desempleada y no posee ingresos estables. Atravesó su embarazo durante gran parte de los hechos investigados y actualmente es madre de un bebé de dos meses. El dinero de la indemnización representaba el único sustento económico para garantizar condiciones mínimas de alimentación, salud y vivienda para ambos, señala la denuncia.
Según la publicación, en el marco de las pesquisas, la jueza del Colegio de Jueces, Dra. Cintia Rocha, autorizó una serie de medidas de coerción urgentes solicitadas por el fiscal Saltor. Se realizaron allanamientos en un estudio jurídico y un domicilio particular. Durante los operativos se procedió al secuestro de teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y abundante documentación digital y en papel, material que ya está siendo peritado para reconstruir la ruta del dinero y determinar las responsabilidades penales.
