Una joven de 21 años denunció ante la Justicia a los abogados Alfredo Aydar y Silvia Aydar, a quienes acusó de haberla desapoderado de sus bienes y dinero luego de representarla legalmente en una causa por abuso sexual. El caso quedó bajo investigación por presunta estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada, mientras la Justicia ordenó mantener en reserva la identidad de la víctima para evitar su revictimización.
La causa quedó caratulada como “Aydar Alfredo y otro s/ estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada” y se encuentra bajo la órbita del fiscal Carlos Saltor, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 4.
Según la denuncia, la joven había recibido una reparación integral del daño en el marco de la causa penal “Coronel José Luis s/ abuso sexual”. Ese acuerdo incluía la entrega de una camioneta Ford Ranger 4×4 modelo 2023, valuada en unos $50 millones.
Meses después, el vehículo habría sido vendido por $33,5 millones a Gastón Gatti, señalado como allegado y amigo de Alfredo Aydar. De acuerdo con la presentación judicial, desde ese momento habría comenzado la presunta maniobra para quedarse con el dinero de la víctima.
La denunciante afirmó que Alfredo Aydar le habría dicho que el sistema financiero no era seguro y que “podía volver el corralito”, por lo que le recomendó no depositar los fondos en un banco.
También le habría advertido que, por vivir en la zona de Villa Amalia, corría riesgo de sufrir robos violentos o presiones del entorno del abusador para recuperar el dinero.
Según la denuncia, esos dichos no fueron simples consejos profesionales, sino una forma de generar miedo, dependencia y convencerla de entregar el control de su patrimonio a los hermanos Aydar.
Uno de los puntos más graves de la acusación es el destino de los fondos. La causa incorpora audios y chats de WhatsApp en los que, supuestamente, Alfredo Aydar reconoce haber colocado el dinero de la joven en préstamos a terceros en Santiago del Estero, con una promesa de interés mensual del 2,5%.
Sin embargo, una auditoría preliminar detectó que esas operaciones no tendrían nombres de tomadores, domicilios, garantías ni contratos que respalden el movimiento del dinero. Además, según la denuncia, la joven nunca firmó autorizaciones, mutuos ni consentimientos de inversión.
Por estas maniobras, la Justicia también analiza una posible línea vinculada a la intermediación financiera no autorizada, que podría ser investigada por la Justicia Federal si se confirma que hubo captación y colocación habitual de fondos sin autorización del Banco Central.
En paralelo, los abogados habrían justificado la retención de otras sumas millonarias bajo el argumento de haber presentado más de 100 escritos judiciales en causas derivadas, pretendiendo cobrar presuntamente $650.000 por cada presentación.
La denunciante sostiene que nunca existió un convenio de honorarios, presupuesto ni rendición de cuentas que respaldara esos cobros.
La causa se tramita bajo una estricta perspectiva de género, debido a la fuerte diferencia de poder entre las partes. La acusación sostiene que los profesionales habrían aprovechado la vulnerabilidad emocional, económica y social de la joven para manipularla y quitarle el control de sus recursos.
La víctima tiene 21 años, no cuenta con ingresos estables, se encuentra desempleada y fue madre recientemente. Según la denuncia, el dinero de la indemnización era su único sustento para cubrir necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda para ella y su bebé.
En el marco de la investigación, la jueza Cintia Rocha, del Colegio de Jueces, autorizó medidas urgentes solicitadas por el fiscal Saltor.
Como resultado, se realizaron allanamientos en un estudio jurídico y en un domicilio particular, donde se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y abundante documentación en formato digital y papel.
Todo ese material será peritado para reconstruir la ruta del dinero y determinar las posibles responsabilidades penales.
