Cuatro policías fueron imputados en Tucumán por haber detenido, esposado y privado de la libertad durante seis horas a una niña de 13 años que filmaba un desalojo en el barrio Juan XXIII, conocido como La Bombilla. El hecho ocurrió el 22 de febrero, cuando la menor transmitía en vivo por redes sociales un operativo que, según la acusación, no contaba con orden judicial. La Fiscalía les atribuyó los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad.
De acuerdo con la denuncia, los policías intentaron impedir que la niña continuara grabando el procedimiento. Para eso, la redujeron, la llevaron contra un patrullero y le quitaron el teléfono.
Según se observa en una filmación incorporada al caso, uno de los uniformados habría realizado una revisión indebida sobre el cuerpo de la menor mientras buscaba el celular.
Luego, la niña fue subida a un patrullero, esposada por la espalda y trasladada sin que su familia fuera informada de inmediato.
La madre de la menor contó que, al enterarse de lo ocurrido, alcanzó al móvil policial en moto y pidió acompañar a su hija. Sin embargo, según la denuncia, los efectivos también le quitaron el teléfono con el que estaba filmando la situación.
La menor fue trasladada a un hospital y, de acuerdo con la presentación de la familia, permaneció esposada por la espalda mientras era llevada por áreas comunes del establecimiento.
Seis meses después del episodio, la Fiscalía de Delitos Complejos formuló cargos contra los policías intervinientes. La acusación fue representada por Federico Lizárraga ante la jueza Elizabeth Raddi.
Los imputados fueron identificados como el cabo primero Ernesto Flores, el sargento Ricardo Gómez y Marcia Acevedo y Beatriz Sequeira, ambas personal transitorio policial.
La Fiscalía no formuló cargos por abuso sexual y tampoco pidió prisión preventiva para los acusados. Solo solicitó medidas de menor intensidad, entre ellas la prohibición de acercamiento a la niña a menos de 300 metros y la obligación de fijar domicilio.
La abogada de la familia, Mariana Santillán, cuestionó el alcance de las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y sostuvo que la jueza también las consideró escasas.
Además, la letrada advirtió que la madre de la menor teme que su hija pueda ser perturbada por la causa, especialmente porque todavía no se realizó la Cámara Gesell para que la niña pueda declarar.
“Yo hubiera solicitado prisión preventiva, porque el conjunto de estos delitos no son excarcelables y la víctima debe estar tranquila hasta poder contar lo ocurrido”, señaló Santillán.
