La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y Género de Tucumán, a cargo del fiscal Gonzalo Rodríguez, investiga una denuncia por presunto abuso sexual con acceso carnal reiterado contra César González, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la provincia. Según la presentación judicial, patrocinada por los abogados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, los hechos habrían comenzado en julio de 2018 y se habrían extendido por más de siete años, en el marco de una relación de dependencia laboral y económica entre la denunciante y el dirigente gremial.
De acuerdo con el escrito, la denunciante habría ingresado a trabajar en la UTA bajo condiciones atípicas, cobrando su sueldo directamente del peculio personal de González en su oficina privada. Desde esa posición, el imputado habría controlado la única fuente de ingresos del hogar de la mujer y condicionado la regularización de su situación laboral a pedidos de carácter sexual. Ante sus negativas, habría aplicado represalias económicas sistemáticas: retención y demora de salarios, postergación de aumentos que sí se aplicaban a otros profesionales, y condiciones arbitrarias para autorizar licencias. La denuncia agrega que González habría utilizado de forma extorsiva la cobertura médica del hermano de la denunciante, una persona con discapacidad severa, condicionando la continuidad laboral de ella a la baja de ese beneficio — una presión que, según el escrito, derivó en su renuncia forzada y en secuelas en su salud psicofísica.
Por la gravedad de los hechos y «la influencia gremial que ejercería el imputado», la querella pidió medidas de protección urgentes: prohibición de acercamiento a menos de trescientos metros de la denunciante, su familia, su domicilio y su lugar de trabajo en la Secretaría de Trabajo, y una orden de abstención total de hostigamiento o intimidación, presencial o por cualquier medio. También solicitó que su testimonio se tome bajo la modalidad de Cámara Gesell, para resguardar su salud mental y preservar el valor probatorio de su declaración, invocando el Código Procesal Penal de Tucumán y la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres.
La denunciante, que es abogada, pidió además constituirse como querellante particular en la causa —caratulada como Legajo S-028511/2026—, con base en el artículo 89 del Código Procesal Penal de Tucumán. Su presentación invoca la jurisprudencia de la Corte Suprema en los fallos Santillán y Quiroga, además de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485, que imponen al Estado el deber de actuar con debida diligencia reforzada en casos de violencia de género.
