La Justicia tucumana dictó el sobreseimiento definitivo de diez vecinas de Graneros que habían sido denunciadas por la intendenta Raquel Graneros luego de una protesta realizada el 28 de abril, cuando intentaron entregarle un petitorio para pedir asistencia para familias afectadas por las inundaciones. El juez Enrique Martín Cacici, del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Concepción, resolvió cerrar la causa al considerar que no había pruebas suficientes para sostener los delitos atribuidos a las mujeres.
El conflicto se había producido a la salida de una misa en la Iglesia Inmaculada Concepción. Según la denuncia presentada por la intendenta, durante el encuentro habría sufrido amenazas, intimidaciones y agresiones, mientras que también se habrían provocado daños en una camioneta perteneciente a su hermano.
Sin embargo, las cámaras de seguridad del municipio se convirtieron en una prueba central durante la investigación. De acuerdo con lo analizado en la causa, el contacto entre las vecinas y Graneros duró aproximadamente diez segundos, y en las imágenes no se observaron agresiones físicas ni golpes contra el vehículo denunciado.
Las diez mujeres habían sido imputadas el 2 de junio y desde entonces debieron cumplir distintas restricciones judiciales mientras avanzaba la investigación. El episodio había comenzado durante un reclamo vecinal para conseguir asistencia después de las inundaciones que afectaron a familias de la localidad.
Finalmente, el juez Cacici consideró que los elementos reunidos no permitían sostener las acusaciones y dispuso el sobreseimiento definitivo. Con esta resolución, las mujeres quedaron desvinculadas penalmente de los hechos denunciados y la causa quedó cerrada.
La decisión se conoce mientras Raquel Graneros enfrenta otra investigación, iniciada a partir de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito presentada por dirigentes opositores. El expediente se relaciona con la supuesta adquisición de propiedades en el country Las Yungas, en Yerba Buena, por un valor superior al millón de dólares.
En esa segunda causa, no existe hasta el momento una resolución judicial que establezca responsabilidad penal de la intendenta. La denuncia continúa siendo materia de investigación y las acusaciones deberán ser probadas dentro del proceso judicial.
