A dos décadas del asesinato de Paulina Lebbos, su padre, Alberto Lebbos, volvió a cuestionar con dureza a la Policía, a la Justicia y a funcionarios políticos de Tucumán, al denunciar que hubo un encubrimiento estructural, destrucción de pruebas y desvío de la investigación. En una extensa entrevista, afirmó que durante años se instalaron hipótesis falsas para proteger a sectores de poder y que la causa fue manipulada para garantizar impunidad.
Lebbos sostuvo que la cúpula policial de la época habría realizado maniobras para desviar la búsqueda de su hija. Recordó un rastrillaje en la zona de San Andrés donde, según relató, los efectivos aseguraron haber ingresado a un cañaveral sin encontrar nada, aunque él observó que las botas estaban limpias y las plantas no estaban dobladas, lo que le hizo sospechar que no se había realizado una búsqueda real.
También apuntó contra decisiones políticas y judiciales que, a su entender, cambiaron el rumbo de la causa. Mencionó el desplazamiento del fiscal Alejandro Noguera y la designación de Carlos Albaca, a quien acusó de rechazar denuncias de la familia e incluso de intentar apartarlo como querellante. Según su versión, hubo una estrategia para frenar acusaciones contra lo que denominó “los hijos del poder”.
Uno de los puntos más graves señalados fue el manejo de las pruebas. Afirmó que cabellos hallados de su hija se deterioraron, que el número de IMEI del celular habría sido enviado con errores a la empresa telefónica y que muestras de ADN permanecieron años sin analizar. Para él, esto constituyó una “destrucción planificada de pruebas”.
En relación con el teléfono celular de Paulina, indicó que nunca apareció físicamente, aunque el chip fue utilizado. Según relató, se identificó a un hombre que lo habría usado y mencionó posibles vínculos con otras personas investigadas. También hizo referencia a una “línea narco” que, según su postura, no fue investigada a fondo.
Lebbos criticó además los juicios abreviados y las condenas condicionales a exfuncionarios policiales acusados de encubrimiento, al considerar que enviaron un mensaje negativo a la sociedad. Aseguró que encubrir un crimen grave no puede tener consecuencias mínimas.
En su análisis del impacto social, recordó que durante años encabezaron marchas semanales frente a tribunales, llegando a realizar alrededor de 1.500 movilizaciones. Señaló que el caso generó un fuerte acompañamiento social al principio, pero que con el paso del tiempo hubo desgaste y temor.
Finalmente, expresó que mantiene la esperanza de que se conozca la verdad sobre quién mató a su hija y reclamó que las instituciones funcionen de manera transparente. “No es sólo por Paulina, es por toda la sociedad”, sostuvo, al insistir en que Tucumán merece vivir sin impunidad.
