Una denuncia por presunta corrupción de menores sacude al sur de Tucumán, donde la Justicia Federal ya interviene tras detectar un posible mecanismo de captación a través de videojuegos, redes sociales y mensajería digital, con conexiones que podrían extenderse incluso fuera del país, según surge de la investigación iniciada tras la presentación de una mujer ante el Ministerio Público Fiscal .
El caso comenzó cuando una mujer relató que fue advertida sobre la existencia de videos que involucraban a un menor, lo que derivó en un encuentro donde pudo ver el material. Según su testimonio, el impacto fue inmediato, ya que desconocía completamente la situación hasta ese momento.
De acuerdo con la denuncia, el mecanismo utilizado por los presuntos implicados consistía en contactar a menores a través de plataformas de juegos online, ofreciéndoles recompensas virtuales —como créditos o elementos dentro del juego— a cambio de imágenes o videos íntimos. Lo que comenzaba como un intercambio aparentemente inofensivo, luego escalaba a pedidos cada vez más graves.
Además, la denunciante señaló que pudo identificar conversaciones y contactos sospechosos, algunos con prefijos internacionales, lo que encendió las alarmas sobre la posible existencia de una red organizada con alcance más allá de la provincia.
Inicialmente, la causa fue presentada en la Justicia ordinaria, pero el fiscal Jorge Echayde solicitó su pase al fuero federal, lo que fue aceptado por el juez Roberto Flores. Desde el 1 de abril, el caso quedó en manos del juzgado federal de Tucumán, con intervención del fiscal Rafael Vehils Ruiz y el juez Guillermo Díaz Martínez.
La investigación busca ahora rastrear las comunicaciones, identificar a los responsables y determinar si existe una estructura delictiva organizada. También se prevé implementar medidas de protección para los menores involucrados.
Especialistas advierten que este tipo de delitos, conocidos como grooming, se apoyan en el anonimato y la confianza que generan los entornos digitales, especialmente en niños y adolescentes. La causa vuelve a poner en foco los riesgos del uso de videojuegos y redes sociales como puerta de entrada a situaciones de explotación.
