La Legislatura de Tucumán comenzó este jueves a debatir un proyecto presentado por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, que propone reforzar el control del tráfico aéreo ilegal en la provincia mediante la instalación de radares, la creación de un centro de vigilancia y nuevas sanciones, con el objetivo de frenar delitos como narcotráfico, contrabando, trata de personas, tráfico de armas y migración ilegal.
La iniciativa, denominada Régimen Provincial de Cooperación Aeroespacial, Radarización e Interdicción Aero-Terrestre, considera a Tucumán como una zona estratégica y establece la adhesión a las Reglas de Protección Aeroespacial (RPA) del Estado Nacional. El proyecto aclara que la provincia no delegará sus competencias ni podrá hacer uso de la fuerza aérea, pero sí exige al Gobierno nacional la instalación y mantenimiento de radares primarios y secundarios, ya que aún existen “zonas de sombra” que dificultan detectar vuelos irregulares.
El Ministerio de Seguridad sería la autoridad de aplicación y tendría a su cargo el Centro Provincial de Fusión Aero-Terrestre (CeFAT), encargado de centralizar la información y coordinar operativos ante cualquier Tránsito Aéreo Irregular (TAI), como vuelos sin plan autorizado, sin matrícula o que vuelen a baja altura.
En tierra, el proyecto habilita al Ministerio a investigar, clausurar e inutilizar pistas clandestinas, además de secuestrar combustible aeronáutico, vehículos y equipamiento usado para apoyar vuelos ilegales. También crea el Registro Provincial de Locaciones Aero-Sensibles (REPLAS), que controlará predios, aeroclubes y lugares donde operen aeronaves. Quienes vendan o transporten combustible aeronáutico deberán informar trimestralmente sus movimientos.
El texto incluye un capítulo de sanciones, con multas, clausuras, decomisos e inhabilitaciones. Las faltas más graves —como abastecer aviones clandestinos o encubrir operaciones— podrían implicar arrestos de 15 a 180 días.
Para financiar el sistema, se propone crear el Fondo Provincial de Cooperación Aeroespacial (FONCOA), que servirá para comprar radares, drones, sensores, destruir pistas ilegales y capacitar a los equipos. El dinero provendrá de multas, aportes del Tesoro provincial y convenios nacionales. Además, los municipios deberán adecuar sus ordenanzas para impedir la construcción de pistas clandestinas y colaborar con el control territorial.
