La industria panadera atraviesa una grave crisis en la Argentina: en los últimos 18 meses cerraron unas 14.000 panaderías en todo el país, la producción y el consumo de pan cayeron un 50%, y los productos tradicionales como las facturas se desplomaron hasta un 85%. Así lo advirtieron representantes del sector en Buenos Aires, Tucumán y Córdoba, quienes señalaron que los altos costos, la carga impositiva y la competencia informal explican gran parte del problema.
Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos Bonaerense, aseguró que la mayoría de los comercios trabaja solo por pedido y con un menú reducido a lo esencial. En Tucumán, Pablo Albertus, titular del Centro de Industriales Panaderos, informó que en su provincia cerraron unas 50 panaderías y las ventas bajaron entre un 20% y un 25%. “El pan francés es lo que menos cae, entre un 10 y 15%, pero los criollitos y las facturas bajaron entre un 30 y un 60%”, explicó, remarcando que los costos energéticos y la presión tributaria golpean fuerte al sector.
En Córdoba, Marcelo Caula, presidente del Centro de Industriales Panaderos provincial, señaló que hubo unos 40 cierres, pero que la situación también preocupa. “Desde marzo no podemos dar precios de referencia al público por la caída en las ventas”, dijo, y advirtió que los aumentos en servicios e insumos afectan la rentabilidad de los comercios.
Otro punto crítico es la informalidad: mientras antes rondaba el 40%, hoy supera el 50%, lo que afecta directamente a las panaderías registradas que deben competir en desventaja y buscar alternativas como productos de mayor valor agregado.
Pese a la crisis, el empleo todavía se sostiene. Caula destacó que los panaderos “hacen un esfuerzo para mantener a su equipo” confiando en una futura reactivación, mientras que en Tucumán se ajustaron horarios y se redujeron gastos, pero no se produjeron despidos masivos.
Albertus también alertó por la falta de controles en la trazabilidad de los productos, lo que pone en riesgo la salud de los consumidores y la competencia justa en la industria. Por eso, reclamó políticas públicas y leyes que garanticen la legalidad y la salubridad en la actividad panadera.
Fuente: La Gaceta
