El transporte público de pasajeros en San Miguel de Tucumán atraviesa una crisis “terminal”, según advirtieron los empresarios del sector en una dura carta enviada a la intendenta Rossana Chahla. En la nota, los directivos de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) denunciaron incumplimientos normativos por parte del municipio, como la falta de control sobre el transporte ilegal, y advirtieron que podrían acudir a la Justicia si no se toman medidas urgentes.
El documento, firmado por el vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta, y el secretario, César Atim, detalla que la situación económica y financiera del sector pone en riesgo la continuidad del servicio que utilizan miles de ciudadanos todos los días. Acompañaron la nota con un acta de asamblea en la que los empresarios de las líneas urbanas autorizaron el reclamo ante lo que califican como una “caótica situación económica”.
Entre los principales reclamos, los empresarios señalan que el municipio incumple su deber de fijar una tarifa “justa y razonable”, ya que los precios actuales no reflejan los verdaderos costos de operación como combustible, salarios o mantenimiento. También acusan al municipio de no controlar el transporte ilegal, como los autos que funcionan mediante aplicaciones (Uber, DiDi) o los “moto-taxis”, que compiten de forma desleal con las empresas habilitadas.
Otro de los puntos cuestionados es la imposición de beneficios sociales, como boletos gratuitos para estudiantes, docentes y jubilados, sin la compensación económica correspondiente. Además, critican la falta de control sobre el tránsito en el microcentro, que genera demoras y eleva los costos de combustible y mantenimiento de las unidades.
Los empresarios también denunciaron que todas las empresas operan sin concesiones vigentes, lo que genera inseguridad jurídica y les impide acceder a créditos para renovar la flota. En ese sentido, advirtieron que los funcionarios municipales podrían ser responsables por omisión de deberes, según el artículo 4 de la Constitución de Tucumán, y que evalúan iniciar acciones legales por incumplimiento de funciones públicas y daños económicos.
Como propuesta para revertir la crisis, Aetat pidió al municipio implementar un sistema de pago por kilómetro recorrido, un modelo que —explicaron— se aplica en otras ciudades del mundo y garantiza que las empresas reciban una retribución basada en los costos reales de operación, sin depender de la cantidad de pasajeros ni de la tarifa al usuario.
Finalmente, los empresarios solicitaron una reunión urgente con la intendenta Rossana Chahla y propusieron que la Municipalidad y la Universidad realicen estudios técnicos de factibilidad y costos para aplicar este nuevo sistema, que, según afirman, podría asegurar la sustentabilidad del transporte público en la capital tucumana.
