El Gobierno nacional presentó un nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias que comenzará a aplicarse en 2025 y se reflejará en las declaraciones de 2026. El cambio será implementado por ARCA (ex AFIP) y apunta a reducir la carga administrativa sobre los contribuyentes, ya que ya no se tendrán en cuenta los consumos personales ni las variaciones patrimoniales. En su lugar, se tomará en cuenta solo la facturación y los gastos deducibles.
El nuevo sistema será optativo y permitirá que los contribuyentes acepten o modifiquen una declaración precargada por ARCA. Según el titular del organismo, Juan José Pazo, la idea es “facilitar el cumplimiento al ciudadano” y concentrar el control en los grandes evasores. Para asegurar la continuidad del régimen, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que reforme la Ley Penal Tributaria y reduzca el tiempo en que el Estado puede reclamar deudas impositivas.
Entre los cambios más importantes se encuentra la eliminación de múltiples regímenes de información que antes permitían al fisco controlar los movimientos de las personas. Por ejemplo, ya no se informarán compras con tarjeta o billeteras virtuales, operaciones notariales, la compra-venta de autos usados, el pago de expensas, la publicación de propiedades (COTI) ni el consumo de servicios públicos. Además, las concesionarias de autos dejarán de ser sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los bancos, por su parte, ya no podrán pedir declaraciones juradas para abrir cuentas, y el monto a partir del cual deberán reportar depósitos en dólares pasará de 5.000 a 10.000 dólares. Estos cambios, según el Gobierno, buscan simplificar el sistema tributario y reducir la informalidad, que hoy alcanza al 50% de la economía y a una evasión del 40% en el IVA.
El nuevo régimen no afectará a los asalariados que tributan por retenciones en sus sueldos, ni cambiará el sistema actual de anticipos de los autónomos. Tampoco modificará los vencimientos ya programados: las declaraciones por los ingresos de 2024, que deben presentarse en junio de 2025, seguirán con el esquema vigente.
Aunque desde el Gobierno destacan la simplificación, expertos del Consejo de Ciencias Económicas advierten que será necesario esperar las reglamentaciones y contar con asesoramiento profesional para evitar errores al calcular el impuesto. Además, señalan que el menor control podría facilitar el uso de dólares no declarados, ya que las compras con esos fondos no serán observadas por el fisco.
