El director de Asistencia y Prevención de Adicciones de Tucumán, Emilio Mustafá, denunció que un grupo de policías armados irrumpió en el Centro Preventivo Local de Adicciones (CEPLA) del barrio La Costanera mientras se realizaba una sesión terapéutica con jóvenes. El hecho ocurrió cuando dos chicos que regresaban al lugar, tras ver un patrullaje policial, fueron interpretados como “sospechosos” por los uniformados, quienes llegaron en siete motos y con armas en mano, asustando a niños y adolescentes que participaban de actividades deportivas.
Según Mustafá, la intervención policial interrumpió el trabajo del equipo del CEPLA, que explicó a los agentes que los jóvenes estaban en tratamiento por consumo problemático y que hacía tres días habían dejado de consumir para ser derivados a un dispositivo terapéutico. “Se violó una institución del Estado, en este caso de salud mental, por parte de otro sector del Estado. Esto no puede pasar”, afirmó.
El funcionario pidió a la Policía que distinga entre narcotraficantes y personas con adicciones, remarcando que “una persona que consume no es un delincuente, es un enfermo que necesita ayuda”. También se ofreció a capacitar a las fuerzas de seguridad sobre salud mental y abordaje de adicciones, insistiendo en que el respeto por la institucionalidad y los derechos de las personas en tratamiento es fundamental.
Mustafá advirtió que este tipo de operativos puede causar un fuerte impacto en jóvenes y niños de barrios vulnerables, que muchas veces ya han vivido situaciones de violencia y marginación. Destacó que el objetivo del CEPLA es brindar un espacio seguro y de cuidado, y que no se puede permitir que se vulneren esos esfuerzos.
El director aseguró contar con el respaldo del ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, quien se comunicó con la cartera de Seguridad para “pulir” los procedimientos policiales. “Queremos que la Policía haga su trabajo y que todos los que venden drogas estén presos, pero apuntando donde realmente hay que apuntar. El combate al narcotráfico no se hace atropellando los derechos de quienes están en tratamiento”, concluyó.
