La calidad del servicio eléctrico en Tucumán quedó en el centro del debate durante la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral (RTI), en la que usuarios, ONGs y autoridades expresaron fuertes cuestionamientos a EDET, mientras que la empresa defendió su desempeño con datos de inversiones y reducción de cortes. El encuentro se realizó ayer en el Hotel Sheraton, duró ocho horas y reunió a más de 200 personas de manera presencial, además de participantes conectados en forma virtual.
La audiencia fue encabezada por el interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán, José Ricardo Ascárate, quien destacó que se trató de la primera audiencia presencial en 10 años y remarcó la importancia de escuchar todas las voces. Si bien el encuentro no define el nuevo cuadro tarifario, aportará elementos para la resolución que el Ente emitiría en febrero, con un aumento que no superaría la inflación.
En su exposición, directivos de EDET afirmaron que la empresa realizó inversiones por más de $71.000 millones en los últimos cinco años, con desembolsos de hasta $32.000 millones anuales para ampliar la red de distribución. Indicaron que, como resultado, se redujo la cantidad promedio de cortes por usuario y el tiempo de duración de los mismos, ubicándose por debajo del promedio nacional. También detallaron que el 31% de la factura corresponde a la empresa, mientras que el resto se distribuye entre impuestos y costos de abastecimiento.
Desde el Ente de Control, los gerentes Alejandro Danone (Asuntos Económicos) y José Torres (Energía) señalaron que en la provincia hay alrededor de 580.000 usuarios y explicaron los criterios técnicos que se utilizan para analizar los pedidos de aumento. Aseguraron que se acompañará el crecimiento de la demanda energética, pero con mayor control y trazabilidad.
Las críticas más duras llegaron desde el sector de los usuarios. El Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, sostuvo que el servicio es ineficiente, especialmente en el interior de la provincia, donde denunció líneas deterioradas, postes en mal estado y cortes frecuentes. Afirmó que el mal funcionamiento del sistema lo terminan pagando todos los tucumanos.
En la misma línea, la Defensora del Usuario, Silvia Elena López, reclamó facturas más claras, pidió que no se responsabilice a Transnoa por los problemas locales y solicitó que la Provincia mantenga la tarifa social, ante el retiro de ese beneficio por parte del Gobierno nacional.
También participaron legisladores, representantes gremiales y funcionarios, entre ellos Alberto Olea y José Seleme, de la comisión de Energía de la Legislatura, y Martín Viola, secretario de Energía. En el exterior del hotel se montó un importante operativo policial, aunque la movilización anunciada no se concretó y la audiencia se desarrolló sin incidentes.
