El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, anunció este miércoles que los concejales están “95% de acuerdo” y que el cuerpo ingresó en la recta final para aprobar la nueva ordenanza que regulará a Uber, Didi, Cabify y otras plataformas de transporte que operan en la ciudad, con el objetivo de formalizar un servicio muy usado por los vecinos y ordenar un mercado que hoy funciona en la informalidad.
Juri explicó que el Concejo sesionará para prorrogar el período de sesiones ordinarias hasta el 23 de diciembre, con el fin de asegurar el tratamiento de tres temas clave: la regulación de plataformas, el sistema de transporte y el presupuesto municipal enviado por el Ejecutivo. “Tenemos la obligación de darles un marco regulatorio”, afirmó en diálogo con LA GACETA.
El presidente del cuerpo sostuvo que la decisión responde a una demanda social: “No podemos negar la realidad: el usuario elige estas plataformas. Lo que tenemos que dar es el marco regulatorio, el resguardo del trabajador y, fundamentalmente, del usuario”. En la última semana, los concejales sumaron también la regulación de Moto Uber y servicios similares, porque “es una realidad que está en la calle”.
Uno de los consensos alcanzados es que no habrá cupos para las aplicaciones. Juri explicó que hoy no existe un registro preciso de autos y motos trabajando para plataformas, por lo que fijar un límite sería “antojadizo”. Más adelante, el municipio podrá evaluar si corresponde establecer cupos, cuando tenga datos reales.
Lo que sí quedó definido es que todos los vehículos que trabajen con apps quedarán bajo control del Sutrappa, al igual que los taxis. Las empresas deberán inscribirse en la Municipalidad, tributar por su actividad e informar periódicamente cuántas unidades tienen en servicio.
La ordenanza incluirá requisitos y controles para autos y motos, similares a los del servicio de taxis: seguros obligatorios para conductor y pasajero, cilindrada mínima para motos, y condiciones técnicas y de seguridad para autos. También se prevé un régimen de multas más severo para quienes incumplan la normativa. El control operativo quedará a cargo del Ejecutivo, mediante el Sutrappa.
Juri destacó además el rol económico de estas plataformas, especialmente para los jóvenes que encuentran allí una fuente de ingresos. “Queremos sacarlos de la informalidad. Que trabajen de forma legal, cumpliendo requisitos y aportando el tributo correspondiente”, señaló.
En paralelo, el Concejo analiza el pedido de aumento del boleto urbano presentado por Aetat. Juri adelantó que la actualización no podrá superar la inflación interanual y será incluso menor a ese índice: “El estudio de costos marca una tarifa de más de $2.000, pero Aetat pide $1.600. Sin embargo, el incremento no podrá ser mayor que la inflación”.
