En medio de la crisis del transporte público en Tucumán, el empresario Sergio Alejandro Gómez Sansone, responsable de la empresa El Rayo Bus SRL (Línea 8), rechazó formalmente la sanción que le impuso la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y presentó graves denuncias contra la conducción de la entidad, a la que acusa de represalias, irregularidades administrativas y falta de transparencia.
La controversia se originó luego de que AETAT lo declarara “persona no grata” mediante una resolución firmada el 2 de diciembre y ratificada el 3, lo que le impide ingresar y permanecer en la sede y participar de ámbitos institucionales. La entidad justificó la medida por supuestas manifestaciones públicas difamatorias del empresario contra la conducción, en especial contra el vicepresidente Jorge Berreta.
A través de tres cartas documento dirigidas a la asociación y a su presidente Daniel Orell, Gómez Sansone negó los argumentos de la sanción y aseguró que se trata de una represalia por sus críticas al manejo interno de la entidad y al funcionamiento del sistema de transporte.
Entre las denuncias más graves, el empresario afirmó que fue agredido físicamente durante una reunión institucional el 28 de noviembre, hecho que atribuyó a Berreta y que, según indicó, habría ocurrido ante testigos. Además, denunció presuntas irregularidades financieras, como cheques emitidos que no llegaron a destino y firmas falsificadas, y reclamó una auditoría integral de las cuentas de AETAT.
También cuestionó el proceso de contratación del sistema de boleto electrónico, al sostener que se avanzó con urgencia y sin transparencia, dejando de lado propuestas que —según su versión— eran más económicas. En otra de las cartas, notificó la revocación de autorizaciones para que AETAT actúe como agente de retención de fondos de sus empresas y exigió la transferencia completa de los montos correspondientes, con respaldo documental.
Desde AETAT, en tanto, defendieron la sanción y aseguraron que fue adoptada dentro de las facultades estatutarias, con el objetivo de preservar el funcionamiento institucional. Negaron que se trate de una represalia y evitaron pronunciarse en detalle sobre las acusaciones, al señalar que el tema se encuentra en una instancia administrativa y legal. Respecto a la presunta agresión, indicaron que no existió ningún hecho de violencia, sin ampliar precisiones.
Por el momento, no hubo pronunciamientos oficiales del Gobierno provincial, que considera el conflicto como una disputa entre privados, aunque fuentes del área de Transporte señalaron que cualquier presentación judicial será evaluada si corresponde.
El enfrentamiento deja al descubierto una fractura interna en el empresariado del transporte tucumano, en un contexto marcado por problemas financieros, reclamos por subsidios, tensiones gremiales y fuertes cuestionamientos de los usuarios al servicio.
