El Gobierno de Tucumán, a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU), dio por finalizada la urbanización de Manantial Sur con la entrega de las últimas 120 viviendas y advirtió que las casas que no sean ocupadas dentro de los plazos establecidos serán recuperadas por el Estado, una medida que busca evitar el abandono, las usurpaciones y el vandalismo en el megabarrio.
Desde el IPVDU confirmaron que ya se detectaron más de 30 viviendas vacías en Manantial Sur y que se iniciaron actuaciones administrativas en cada caso. Además, a nivel provincial, ya se rescindieron más de 360 adjudicaciones por falta de pago de cuotas.
La finalización del proyecto marca un cambio importante para un barrio que durante años sufrió abandono, robos y ocupaciones ilegales. Vecinos aseguraron que, con la ocupación total, hubo una mejora en la seguridad, el tránsito y la convivencia. Melina Lucena, comerciante de la zona, contó que antes las casas vacías eran usadas por delincuentes y que hoy se nota más presencia vecinal, iluminación y cuidado comunitario.
René Díaz, vecino del barrio Néstor Kirchner, recordó que antes se robaban puertas, ventanas y sanitarios de las viviendas deshabitadas. Si bien destacó la mejora general, reclamó medidas viales urgentes, como la instalación de semáforos, debido a accidentes recientes sobre avenida Colón.
Otras adjudicatarias señalaron que recibieron las viviendas en buenas condiciones y con servicios, aunque pidieron mayor presencia policial. También resaltaron la organización entre vecinos para alertar ante movimientos sospechosos.
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, explicó que la finalización del barrio de 2.500 viviendas fue una decisión del gobernador Osvaldo Jaldo. Señaló que muchas casas debieron ser reconstruidas por el grave deterioro sufrido durante años de paralización y vandalismo. “Hoy el 100% de Manantial Sur está entregado”, afirmó.
Desde el IPVDU recordaron que los adjudicatarios tienen entre tres y cuatro meses para habitar las viviendas, plazo que contempla mudanzas o arreglos menores. Si vencido ese tiempo la casa sigue vacía, vuelve al Instituto. Además, rige un plazo obligatorio de ocupación de tres años, que podría extenderse a cinco.
El interventor del IPV, Hugo Cabral, explicó que se realiza un seguimiento casa por casa y que la responsabilidad de denunciar intentos de usurpación es de los propios adjudicatarios. También recordó que, durante su gestión, se rescindieron cientos de viviendas por incumplimientos.
De cara al futuro, Cabral adelantó que Manantial Sur seguirá creciendo, con nuevos desarrollos habitacionales, incluidos proyectos Procrear. Actualmente, hay 61.000 familias inscriptas en el IPV y 1.815 viviendas en ejecución en la provincia.
Con la urbanización concluida, el Gobierno provincial busca consolidar un barrio que durante años fue sinónimo de abandono y que ahora comienza a reconstruir su identidad comunitaria bajo nuevas reglas de ocupación y control.
