La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció penalmente al exfutbolista de San Martín, Adrián Arregui, por una presunta maniobra fraudulenta que habría generado un perjuicio de hasta $1.450 millones al Estado provincial. La presentación fue realizada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana por las autoridades del organismo, quienes aseguran que existió un “plan criminal” para cobrar una indemnización millonaria a partir de una lesión ocurrida en 2019.
El caso se originó el 15 de febrero de 2019, durante un partido entre San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba, cuando Arregui sufrió un golpe en el ojo. Sin embargo, según la denuncia, el jugador recibió el alta médica en menos de 10 días y volvió a jugar a las dos semanas, lo que pone en duda la gravedad de la lesión.
Además, la Caja sostiene que el mediocampista continuó su carrera en el exterior —en clubes como Independiente Medellín y Alianza Lima— superando controles médicos sin registrar discapacidades. Por eso, consideran “exorbitante” la incapacidad del 49,05% que luego fue reconocida en sede judicial.
Uno de los puntos más fuertes de la denuncia es que, según el organismo, Arregui no estaba cubierto por la póliza que dio origen al reclamo, ya que su situación contractual no correspondía a la de un trabajador bajo ART, lo que haría el juicio ilegítimo desde su base.
Pero el caso no se limita al jugador. La presentación también apunta contra una presunta asociación ilícita que incluiría a médicos, peritos y abogados, quienes habrían actuado de manera coordinada. Entre las irregularidades denunciadas, se menciona que los abogados de la Caja en el juicio no contestaron la demanda ni presentaron pruebas, dejando al organismo en una situación crítica.
Según la actual conducción, esa omisión no puede explicarse como un simple error y podría formar parte de una maniobra para forzar una condena o un acuerdo millonario. De hecho, se señala que se habría sugerido cerrar el caso con un pago de $450 millones.
La denuncia califica todo el esquema como una “estafa en triángulo”, donde distintos actores habrían intervenido para perjudicar al Estado. El daño económico estimado oscila entre $450 millones y $1.450 millones, dependiendo del resultado del juicio.
Ante esta situación, la Caja pidió medidas urgentes, como la suspensión del proceso judicial y la postergación de la audiencia prevista para el 24 de abril de 2026, hasta que se investigue a fondo la posible maniobra fraudulenta.
