La Justicia Federal de Tucumán investiga desde cuándo y cómo un grupo ligado al Ingenio La Trinidad habría conformado, desde 2011, una asociación ilícita tributaria para evadir impuestos, ocultar aportes previsionales y vaciar empresas del sector azucarero, maniobras que podrían derivar en penas de tres años y medio a diez años de prisión, según el Ministerio Público Fiscal.
La causa se inició tras múltiples fiscalizaciones de AFIP y procedimientos penales que detectaron un patrón repetido: distintas empresas asumían sucesivamente la explotación del ingenio, operaban por un período corto y luego quedaban sin actividad ni patrimonio, dejando sin pagar impuestos, aportes previsionales y obligaciones laborales. Entre las firmas señaladas se encuentran Mijasi SRL, Azucarera del Sur SRL, Anzuc SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA.
Los fiscales apuntan como principales imputados a Ricardo Sixto Ansonnaud, a quien consideran organizador del esquema, y a Fabio Enrique Seoane, señalado como responsable operativo, además de empleados y otro involucrado ya fallecido. En el caso de Los Chaguares SA, solo por IVA y Ganancias, se detectó una presunta evasión superior a $93 millones en 2017 y $109 millones en 2018, junto con importantes aportes previsionales no ingresados entre 2017 y 2019.
El dictamen denuncia maniobras de ocultamiento de la realidad económica, omisión de declaraciones juradas, uso de créditos fiscales inexistentes y participación de supuestos socios sin capacidad económica. La Procelac participa del análisis por posibles estrategias de lavado y vaciamiento empresarial.
La figura penal aplicada es la de asociación ilícita tributaria, prevista en el artículo 15 inciso c de la Ley Penal Tributaria, que castiga la mera integración de una organización destinada a cometer delitos fiscales. La fiscalía solicitó medidas cautelares para garantizar bienes y futuros decomisos.
Sin embargo, el caso tomó un giro polémico tras las declaraciones del abogado defensor Arnaldo Ahumada, quien representa a Ansonnaud y a parte de las empresas acusadas. El letrado sostuvo que su cliente “no debe absolutamente nada”, porque todas las obligaciones están incluidas en un plan de moratoria y blanqueo vigente desde hace tres años, aprobado —según dijo— con el aval del Ministerio Público Fiscal y de ARCA.
Ahumada calificó la acusación como “absurda” y cuestionó que el Estado cobre pagos de la moratoria mientras avanza una imputación por asociación ilícita: “Si dicen que es una organización criminal, no deberían seguir recibiendo la plata”. También insinuó tensiones internas en la fiscalía y advirtió que esta contradicción “mina la seguridad jurídica”.
Con todos los acusados ya indagados, el juez deberá decidir en las próximas semanas si dicta el procesamiento o si hace lugar a los planteos de la defensa. La causa, que sigue ampliándose, podría convertirse en uno de los antecedentes más relevantes sobre delitos económicos en el sector azucarero tucumano.
