La Justicia de Tucumán imputó este sábado a dos mujeres policías por encubrimiento agravado, acusadas de retirar pruebas antes de un allanamiento en una causa que investiga una presunta red de corrupción dentro de la fuerza. El caso está vinculado al exjefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Javier Beltrán, quien habría utilizado detenidos para realizar obras en su casa de veraneo en El Cadillal.
Según la investigación, las imputadas —de 30 y 53 años— se desempeñaban como secretarias de Beltrán y habrían actuado para entorpecer la causa judicial.
De acuerdo con la acusación del auxiliar fiscal Federico Lizarraga, bajo instrucciones de la fiscal Mariana Rivadeneira, las mujeres ingresaron a oficinas de la Unidad Regional Norte para retirar elementos que podían ser clave para la investigación.
Por este hecho, el juez dispuso medidas de menor intensidad por tres meses, mientras avanza la causa.
La investigación principal apunta a un presunto delito de peculado y alcanza a nueve personas. Según el Ministerio Fiscal, entre agosto y noviembre de 2025, Beltrán habría ordenado el traslado de cuatro detenidos desde comisarías de Chuscha y Choromoro.
Estos presos eran llevados, con la supuesta colaboración de Sergio Marcelo Juárez, a una propiedad privada en El Cadillal, donde realizaban trabajos de albañilería, pintura y herrería.
Actualmente, tanto Beltrán como Juárez permanecen detenidos, junto a otros jefes policiales vinculados a la causa.
Con estas nuevas imputaciones, la Justicia busca determinar si personal administrativo también participó en el encubrimiento del esquema, ampliando así el alcance de uno de los casos más graves dentro de la fuerza provincial en los últimos tiempos.
