La Justicia de Tucumán abrió una investigación este viernes luego de que los dueños de una estación de servicio de Famaillá denunciaran a un grupo de empleados por una presunta defraudación millonaria, realizada mediante el uso indebido del sistema de premios que la petrolera ofrece a sus clientes, maniobra detectada tras un informe interno que reveló operaciones ficticias y reintegros injustificados.
La causa quedó en manos de la fiscala Mónica García de Targa, del Centro Judicial Monteros, luego de que la firma damnificada advirtiera graves inconsistencias en los registros asociados a la tarjeta promocional implementada en 2019, que ofrece un reintegro del 10% por cargas de combustible premium o compras dentro de la estación.
Según la denuncia presentada por el abogado Amancio Petray, los empleados investigados habrían informado ventas inexistentes, vinculándolas a usuarios falsos o inventados, para luego retirar el dinero acumulado como beneficio en distintas estaciones de la misma petrolera. La maniobra quedó al descubierto en febrero de 2025, cuando un informe enviado al gerente mostró una marcada diferencia entre el combustible realmente vendido y los reintegros generados.
Una auditoría interna confirmó que, entre enero de 2024 y la fecha de la denuncia, se habrían cargado operaciones ficticias por más de $24 millones, de los cuales se retiraron más de $19 millones en efectivo. Las planillas internas exhibían una desproporción evidente entre el volumen de ventas reales y los montos reclamados al sistema.
El informe también identificó que los empleados sospechados habrían actuado en cuatro grupos, integrados por familiares, personas externas y tres mujeres con el mismo apellido. La mayoría de las operaciones ficticias se registraban de madrugada, en lapsos muy breves y por montos menores a $40.000, presuntamente para evitar activar alertas automáticas.
La denuncia apunta a unos 10 empleados, con perjuicios económicos individuales estimados entre $700.000 y $2,4 millones. Los propietarios entregaron documentación, planillas y registros digitales para respaldar la acusación.
Ahora, la Fiscalía deberá determinar la responsabilidad penal de los implicados y evaluar si este método pudo repetirse en otras estaciones de la red. Los dueños de la firma estiman que el perjuicio total asciende a varios millones de pesos, en un caso que podría derivar en cargos por defraudación e incluso asociación ilícita.
