Un comisario de la policía de Famaillá está siendo investigado por supuestos cohecho, extorsión y armado de causas, luego de que una mujer denunciara que el 6 de noviembre de 2024, en su casa del barrio Nueva Baviera, policías irrumpieron sin orden judicial, plantaron pruebas, exigieron dinero y hasta retuvieron un arma registrada, lo que llevó a la Justicia a ordenar un allanamiento en la vivienda del acusado, donde se secuestraron más de $ 8 millones, dispositivos electrónicos y documentación clave.
La denuncia señala que los policías ingresaron violentamente al domicilio sin mostrar ninguna orden y obligaron a la familia a salir al patio y a un terreno vecino, mientras menores de edad quedaban dentro bajo presión. Según el relato, uno de los efectivos manipuló un envoltorio en el baño, lo que la pareja de la denunciante interpretó como un intento de plantar pruebas. Aunque los policías aseguraron estar buscando a un sospechoso llamado “Pañal”, los registros oficiales demostraron que la detención del acusado ocurrió ese mismo día en otra dirección, por lo que el operativo no estaba vinculado a ese caso.
Lo más grave vino después: la mujer denunció que el comisario a cargo le exigió $ 5 millones para no complicar la situación judicial de su pareja, quien cumple prisión domiciliaria por comercialización de estupefacientes. Ante su imposibilidad de pagar, el jefe policial habría rebajado el monto a $ 3 millones y, según la denunciante, incluso insinuó que su pareja “debía vender droga para él”.
La mujer sostuvo que logró reunir parte del dinero y lo entregó al comisario con ayuda de una abogada, quien inspeccionó su vehículo. Según su relato, dentro de la vivienda el jefe policial guardó la caja con el dinero entre sus ropas, y en ese momento ella notó la desaparición de su arma registrada, una Firestorm calibre 380.
Días más tarde, tras reunir otra suma, la denunciante fue citada nuevamente. Un testigo la acompañó y logró filmar parte del encuentro, donde se ve al comisario en un Fiat Cronos oscuro. La fiscala Mónica García de Targa incorporó al expediente los videos, audios, capturas de pantalla y registros digitales que muestran movimientos policiales, indicaciones de la abogada y señalamientos directos al jefe policial.
Un año después, el expediente llegó al juez Mario Velázquez, quien, tras advertir que la requisitoria fiscal estaba firmada por un auxiliar, aclaró que, aunque la Constitución prohíbe delegar esas funciones, el requerimiento era “formalmente ajustado a derecho”. Con las pruebas reunidas, habilitó un allanamiento amplio en la casa del acusado.
La medida se realizó en Concepción mediante un operativo de la Policía Federal, que secuestró dos notebooks, cinco teléfonos, una CPU LG, 12 pendrives, un DVR y más de $ 8 millones en efectivo. Aunque uno de los objetivos principales era encontrar la pistola Firestorm de la denunciante, el arma no apareció.
El juez también ordenó un oficio a WhatsApp Inc. solicitando información detallada sobre el usuario vinculado a los teléfonos secuestrados, incluyendo cruces de mensajes y direcciones IP de inicio y cierre de sesión. Todo el material fue remitido a la Unidad Fiscal para su análisis.
La causa ahora avanza bajo la hipótesis de una posible red de corrupción policial. Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad provincial no realizó declaraciones públicas sobre el caso.
