El presidente Javier Milei se pronunció este martes, 3 de junio, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a seis años de prisión contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa Vialidad. A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Milei escribió: “Justicia. Fin. La República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad”.
La Corte Suprema confirmó la condena que ya había sido dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 y ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024. Se trata de la primera condena penal en la historia argentina contra una ex presidenta elegida democráticamente por hechos de corrupción durante su gestión.
El fallo fue resultado de una reunión realizada esta tarde entre los jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. El encuentro fue convocado a las 16, y tras una extensa deliberación, cerca de las 17:30 entregaron sus votos a la Secretaría Penal, haciendo oficial la decisión.
La causa se originó en 2016 a partir de una denuncia de Javier Iguacel, entonces director de Vialidad Nacional. Fue investigada por el juez Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, y elevada a juicio en 2019. Desde entonces atravesó varias instancias judiciales hasta llegar al fallo final de la Corte.
Cristina Kirchner fue acusada de favorecer al empresario Lázaro Báez a través de contratos de obra pública viales en Santa Cruz. El fiscal Diego Luciani afirmó que existía una estructura organizada desde el Estado para beneficiar a Báez con licitaciones dirigidas, sobreprecios, obras sin terminar y pagos indebidos. Aunque pidió 12 años de prisión por asociación ilícita y administración fraudulenta, el tribunal solo la condenó por administración fraudulenta agravada.
El tribunal sostuvo que si bien hubo corrupción, no se pudo probar que todo el aparato estatal funcionara con fines delictivos, condición necesaria para la figura de asociación ilícita. Sin embargo, consideraron que la gravedad de los hechos justificaba la pena máxima para la administración fraudulenta: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Entre las pruebas utilizadas, se destacó el Decreto 54/2009, que permitió redirigir fondos públicos con poco control, además de mensajes del ex secretario de Obras Públicas José López que revelaban coordinación entre funcionarios y empresarios. También se comprobó que parte del dinero regresaba a empresas vinculadas a la familia Kirchner, formando un circuito económico de retorno.
Para los fiscales, este caso representó una “defraudación monumental” al Estado a través de contrataciones amañadas, pagos por obras no realizadas y sobreprecios a favor de Austral Construcciones, la empresa de Báez.
