La decisión judicial de dictar prisión preventiva por 30 días a dos jóvenes de Concepción por una golpiza ocurrida a la salida de un boliche en Tafí del Valle generó una fuerte controversia este viernes, luego de que el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, cuestionara duramente el accionar de la Justicia y advirtiera que “no se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”, en referencia al traslado de los acusados al penal de Benjamín Paz.
El jefe municipal se refirió a Santiago Bagne (18) y César Máximo Carreras (19), quienes fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad tras una audiencia judicial. La medida provocó una movilización en Concepción para pedir su liberación, marcha de la que participó el propio Molinuevo.
Según explicó, su postura no fue institucional sino personal. Aseguró que habló como vecino y como abogado, y sostuvo que la prisión preventiva fue una decisión apresurada, sin pruebas firmes que la justifiquen.
El intendente afirmó que no se cumplen los requisitos legales para ordenar una prisión preventiva y señaló que, durante la audiencia, el análisis de las pruebas debilitó la acusación. Indicó que las lesiones fueron calificadas como leves, que los videos no comprometen a los jóvenes y que la víctima incurrió en contradicciones.
Pese a ese contexto, el juez ordenó el traslado inmediato de los acusados al penal de Benjamín Paz. Para Molinuevo, la medida fue desproporcionada y sostuvo que se los está señalando como culpables antes de que exista una condena.
También rechazó la comparación del caso con el crimen de Fernando Báez Sosa y afirmó que no hubo una patota, ni planificación, ni intención homicida, advirtiendo que ese paralelismo genera una condena social anticipada.
Además, denunció una posible presión política sobre la Justicia y cuestionó el operativo policial realizado durante las detenciones, al que calificó de excesivo. Negó vínculos personales con las familias de los jóvenes y rechazó cualquier acusación de favoritismo.
Por último, expresó su preocupación por la estigmatización hacia el rugby y un club local, y sostuvo que no se puede condenar a un deporte o a una institución sin pruebas, remarcando que las responsabilidades deben determinarse con una investigación judicial justa.
