La aprobación del nuevo Código de Planeamiento Urbano (COU) de Yerba Buena, impulsada por el intendente Pablo Macchiarola y aprobada en el Concejo Deliberante por un ajustado empate 5 a 5, que se resolvió con el voto doble del presidente del cuerpo, desató una fuerte controversia política y social. Vecinos, concejales opositores, ambientalistas y profesionales denuncian que la norma beneficia a los desarrolladores inmobiliarios y pone en riesgo el equilibrio ambiental del pedemonte.
La sesión se desarrolló en un clima de tensión, con vecinos autoconvocados protestando fuera del recinto y reclamando la suspensión del tratamiento hasta que se publiquen los estudios de impacto ambiental, que el municipio todavía no dio a conocer.
Según la oposición, el nuevo COU permite construir torres de hasta seis pisos en zonas donde antes solo se admitían dos, amplía la superficie edificable en áreas residenciales y habilita urbanizaciones en sectores del pedemonte, considerados ambientalmente frágiles.
La concejal María Decoud Griet (CREO) calificó la norma como “un traje a medida de los grandes inversores inmobiliarios”, mientras que su par Walter Aráoz denunció “maniobras políticas y falta de transparencia” en el proceso de aprobación. Ambos advirtieron que el código fue modificado a último momento y sin dictámenes técnicos.
Los vecinos de barrios como Los Pinos, Martínez de Hoz, San José y Las Acacias comenzaron a organizarse para exigir que se suspenda la aplicación de la norma. “Esto va a colapsar el tránsito y los servicios. Yerba Buena no puede ser el negocio de unos pocos”, dijo María Luisa Alzogaray, de la asamblea “Defendamos la Ciudad Jardín”.
Desde el Colegio de Arquitectos de Tucumán y la Facultad de Arquitectura de la UNT, especialistas advirtieron que el COU carece de estudios técnicos actualizados sobre infraestructura, movilidad y riesgo hídrico. “Aumentar la densidad sin infraestructura es condenar a la ciudad a repetir los errores de San Miguel de Tucumán”, afirmó el arquitecto Ricardo Pedernera.
Además, la Red Ambiental Tucumán alertó que el nuevo régimen habilita urbanizaciones en zonas cercanas a la reserva de Horco Molle y en el corredor del arroyo San Luis, lo que podría causar inundaciones y deslizamientos.
Pese a las críticas, el intendente Macchiarola defendió la medida como el inicio de una Yerba Buena “moderna, inclusiva y planificada”, aunque los vecinos ya anunciaron que presentarán recursos judiciales y pedidos de acceso a la información pública para frenar su implementación.
El conflicto deja en el centro del debate qué modelo de ciudad tendrá Yerba Buena en los próximos años: uno guiado por el desarrollo inmobiliario o uno que priorice la sustentabilidad y la calidad de vida de sus habitantes.
