El transporte público de San Miguel de Tucumán atraviesa una situación crítica. Desde mañana martes, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) aplicará una reducción en la frecuencia de los colectivos y suspensiones rotativas a 150 choferes, debido a la grave crisis económica que afecta al sector. Así lo confirmó el vicepresidente de AETAT, Jorge Berreta, tras una reunión con dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Berreta explicó que la medida es consecuencia de la falta de respuestas por parte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la ausencia de controles sobre el transporte ilegal. “Vamos a hacer todos los esfuerzos para mantener el servicio, pero esto tiene un límite, y ese límite es la economía de cada empresa”, advirtió el empresario, quien no descartó que el número de suspensiones pueda aumentar si no se alcanzan acuerdos.
El dirigente fue enfático al reclamar la intervención del municipio: “Primero hay que preguntarle a la señora intendenta Rossana Chahla qué transporte queremos. ¿Queremos una ciudad parecida a la India?”, cuestionó. También recordó la ordenanza 3260/2002, que prohíbe el servicio de mototaxis, y criticó la falta de control sobre las aplicaciones de transporte, que —según dijo— generan competencia desleal y agravan la crisis del sistema legal.
Berreta señaló que la caída en la cantidad de pasajeros responde más a factores económicos y al avance del transporte ilegal que a la calidad del servicio. “La línea 19, una de las mejor valoradas, perdió un 35% de pasajeros. Esto demuestra que el problema no es el servicio, sino la situación económica y las aplicaciones móviles”, aseguró.
El empresario describió un panorama financiero alarmante: “Hay empresas que deben hasta 200 millones de pesos en gasoil y otras con deudas enormes ante la AFIP. Ya nadie nos fía más”.
Consultado sobre posibles nuevos recortes, Berreta adelantó que las próximas decisiones dependerán de la respuesta del municipio. “Habrá una pequeña reducción inicial, pero todo depende de que nos convoquen y podamos acordar un plan de trabajo. Lamentablemente, hasta ahora no hay respuestas favorables”, concluyó.
La medida genera preocupación entre los usuarios, que temen mayores demoras y menos frecuencias en los servicios de colectivos, en un contexto donde el sistema de transporte público enfrenta una de sus crisis más graves de los últimos años.
