Una organización criminal dedicada a estafas tecnológicas fue desarticulada tras un operativo judicial con 17 allanamientos simultáneos, realizados recientemente en seis provincias del país, entre ellas Cruz Alta. El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y terminó con siete personas detenidas, que quedaron procesadas con prisión preventiva, luego de una investigación que reveló robos de dinero desde cuentas bancarias mediante maniobras con líneas telefónicas.
Los allanamientos se concretaron en Santa María de Punilla (Córdoba), La Banda (Santiago del Estero), Cruz Alta (Tucumán), Paraná (Entre Ríos), varias localidades de la provincia de Buenos Aires —como Presidente Derqui, González Catán, Villa Bosch, Alejandro Korn, General Rodríguez y Campana— y también en Chaco.
Durante los procedimientos se secuestraron elementos clave para la causa, entre ellos 25 teléfonos celulares, computadoras, notebooks, pendrives, tarjetas bancarias de débito y crédito, tarjetas SIM, blísteres de chips sin uso, además de documentación y cuadernos con anotaciones, según el parte policial.
La investigación estuvo a cargo de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, con apoyo de otras áreas especializadas, y bajo la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, a cargo del juez Martín Yadarola.
La causa se inició tras denuncias de una empresa de telecomunicaciones, que detectó irregularidades en líneas telefónicas cuyos titulares habían sufrido robos de dinero desde sus cuentas bancarias. A partir de allí, se analizaron transferencias, conexiones IP, aperturas de celdas y seguimientos, lo que permitió establecer que la banda operaba de forma coordinada en distintas provincias.
Según la investigación, el modus operandi consistía en engañar a las víctimas para obtener fotos de sus documentos y datos personales. Con esa información, falsificaban trámites de cambio de titularidad de líneas telefónicas, pedían nuevos chips y, al activarlos, recibían los códigos de verificación para acceder a cuentas bancarias y aplicaciones de pago, desde donde vaciaban los fondos mediante transferencias.
Con las pruebas reunidas, la Justicia convalidó las detenciones y dictó el procesamiento con prisión preventiva de los siete imputados.
