Más de 200 familias que viven en el barrio Las Quintas II, en Tafí Viejo, atraviesan una situación de incertidumbre debido a una deuda millonaria del fideicomiso que impulsó el desarrollo urbanístico del lugar. El problema se originó en el proyecto inmobiliario iniciado en 2015 bajo la figura del fideicomiso Los Pocitos, que hoy enfrenta demandas judiciales por cheques rechazados por más de 70 millones de pesos, lo que podría derivar en embargos o incluso en el remate del terreno donde se levantó el barrio.
El emprendimiento contempla un total de 391 lotes y, con el paso de los años, muchas familias comenzaron a construir sus viviendas y a mudarse al lugar. Según explicaron los vecinos, compraron los terrenos con la expectativa de que el proyecto avanzara hasta permitir la escrituración de las propiedades.
Marcos Íñigo, vecino del barrio y representante de los residentes, señaló que las familias invirtieron sus ahorros confiando en el desarrollo del proyecto. “Compramos de buena fe. Muchas familias eligieron este lugar para vivir y proyectar su vida”, expresó.
El conflicto se agravó cuando los vecinos tomaron conocimiento de irregularidades en la administración del fideicomiso. Según denunciaron, desde esa estructura se habrían emitido cheques por más de 70 millones de pesos, varios de los cuales fueron rechazados por falta de fondos. A raíz de esa situación se iniciaron demandas judiciales que recaen sobre el inmueble donde se encuentra el barrio.
Los fiduciarios señalados en la administración del proyecto son el contador Gustavo Castillo junto a Marcela Parra, Leticia Parra, Vicente Alonso Parra, Marcelo Mena y Juan Pablo Molina.
La principal preocupación de los vecinos es que, si los acreedores obtienen fallos judiciales favorables, podrían avanzar con la ejecución del terreno mediante un remate. En ese escenario, las familias que ya construyeron sus casas quedarían en riesgo de perder sus viviendas.
Los residentes explicaron que las demandas no apuntan contra los bienes personales de los desarrolladores sino directamente contra la propiedad donde se levantó el barrio.
Ante esta situación, los vecinos sostienen que la única solución es avanzar con la escrituración de los lotes para que cada familia tenga la titularidad de su propiedad. De esa manera, aseguran, se podría disolver el fideicomiso y proteger el patrimonio de quienes compraron.
Sin embargo, ese proceso se encuentra frenado porque aún no se completaron todas las obras de infraestructura necesarias para la habilitación definitiva del barrio. Aunque hubo avances en pavimento y cloacas, todavía falta la aprobación técnica para la conexión de agua potable y posteriormente el servicio de gas natural.
La situación se vuelve más urgente debido a que el contrato del fideicomiso vence en diciembre de 2026. Si para esa fecha no se regulariza la situación ni se completan las obras, la estructura legal del proyecto dejaría de existir y la propiedad del terreno volvería a la sucesión de la familia Parra.
Mientras tanto, las familias del barrio reclaman soluciones y avances concretos en las obras y en el proceso de escrituración para poder asegurar definitivamente las viviendas en las que ya viven.
