Un video enviado en una denuncia anónima permitió descubrir que presos realizaban trabajos de albañilería en una casa de El Cadillal, propiedad del jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, quien junto a su segundo, Sergio Juárez, fue detenido y expulsado de la Policía. El hecho ocurrió entre Tafí Viejo y El Cadillal, fue detectado hace unos días, y se investigó porque los detenidos eran trasladados irregularmente en vehículos oficiales, sin autorización judicial, para trabajar en beneficio personal de los jefes.
La investigación comenzó cuando un video mostraba a un preso condenado por abuso sexual caminando libremente por Tafí Viejo, sin custodia. Ese material fue enviado al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quien esperó al inicio de la semana para ordenar una verificación. Tras informar al gobernador Osvaldo Jaldo, se convocó a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, para coordinar un operativo.
Días después, personal de la Fiscalía de Estado y miembros de la custodia del gobernador ingresaron a la vivienda denunciada. Allí encontraron a dos policías en funciones y a dos presos trabajando en construcción, quienes dijeron que actuaban por orden de sus superiores y mostraron resistencia a colaborar con los investigadores.
La fiscal Mariana Rivadeneira sospecha que Beltrán utilizaba a policías y a cuatro detenidos para realizar trabajos particulares en su casa de descanso. Los presos eran trasladados desde las comisarías donde cumplían condena en vehículos oficiales, sin autorización judicial y sin dejar registros. Tres estaban alojados en la comisaría de Chuscha y uno en la de Yerba Buena. Se cree que entre lunes y viernes dormían en la base de Infantería de la URN y que los fines de semana regresaban a su lugar de detención. Tampoco recibían paga, pero gozaban de un irregular régimen de semilibertad.
Cuando el juez de Ejecución, Gonzalo Ortega, tomó conocimiento del caso, ordenó el traslado urgente de los cuatro presos al penal de Benjamín Paz.
La investigación ya cuenta con registros oficiales que confirman la falta de autorización judicial para los traslados. Por esto, Beltrán, Juárez y los policías Luis Trejo y Osvaldo Tiseira fueron imputados por peculado, delito que castiga el uso de recursos del Estado para beneficio personal. La pena prevista es de dos a diez años de prisión. Otros policías podrían ser acusados por incumplimiento de deberes.
Como primera consecuencia, Beltrán y Juárez fueron expulsados definitivamente de la fuerza, sin posibilidad de acceder a la jubilación policial. El caso provocó una crisis interna, llevó al gobernador a exigir un informe completo sobre la gestión de los últimos dos años, y dejó suspendidos los ascensos en la cúpula policial.
Dentro de la fuerza, el caso también generó tensiones: algunos oficiales creen que la denuncia anónima provino de sectores enfrentados a Beltrán por conflictos previos. Sin embargo, las autoridades consideran este episodio como uno de los más graves en años y una señal de alerta sobre el funcionamiento interno de la Policía provincial.
