La legisladora peronista Maia Martínez presentó este viernes un proyecto de ley que busca multar y exigir tareas comunitarias a los padres o tutores que no cumplan con su responsabilidad de supervisión cuando sus hijos participen en agresiones dentro de las escuelas de Tucumán, una iniciativa que se incorpora a la Ley 5.140 y surge tras recientes episodios de violencia escolar en la provincia.
La propuesta crea el “Capítulo V: Contravención por responsabilidad parental en el ámbito escolar”, que establece sanciones para los adultos que, pese a ser notificados por las autoridades educativas o áreas de protección de la niñez, no colaboren, no adopten medidas preventivas o no reparen daños ocasionados por sus hijos. Las multas irían desde el equivalente a 450 hasta 1.500 litros de nafta premium, además de posibles tareas educativas o comunitarias por hasta 30 días.
Según el proyecto, la primera intervención seguirá a cargo de cada escuela mediante el Protocolo de Situaciones Escolares Complejas. Solo si los adultos no responden o incumplen acuerdos previos, el caso pasará al Juzgado Contravencional. Lo recaudado por las multas se destinará al Fondo Educativo Provincial para acciones de prevención, programas de asistencia y apoyo a bibliotecas populares.
La iniciativa contempla excepciones, como adultos sin responsabilidad parental, quienes no tengan el cuidado personal del menor o quienes estén alcanzados por medidas judiciales que limiten su intervención.
El proyecto surge en un contexto de creciente preocupación por peleas, agresiones graves y casos de bullying en las escuelas, incluido el reciente ataque a una niña de 13 años en Alderetes, que reavivó el debate sobre el rol de las familias en la prevención de la violencia.
El gobernador Osvaldo Jaldo apoyó públicamente la discusión y afirmó que “el sistema educativo no puede controlar por sí solo lo que pasa con cada estudiante”. “Esto hay que resolverlo desde la casa”, remarcó.
En la misma línea, la ministra de Educación Susana Montaldo señaló que las familias tienen un rol central en el control cotidiano y alertó sobre señales preocupantes en adolescentes, como consumos problemáticos, adicciones al juego y un “índice de suicidios importante”. Recordó que más de 600 escuelas trabajan con programas de mediación y prevención.
Martínez sostuvo que el objetivo del proyecto es fijar una responsabilidad concreta cuando haya culpa o falta de cooperación por parte de los adultos, dejando cada situación sujeta a evaluación contravencional.
