El Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires ordenó este martes el decomiso de bienes y sumas de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.139,86, en el marco de la causa por administración fraudulenta contra el Estado, que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, otros condenados y a los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner, en calidad de titulares de algunos de los bienes identificados.
La sentencia, que quedó firme el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente un decomiso de más de $84.800 millones, monto que luego fue actualizado por peritos oficiales de la Corte Suprema, fiscales y especialistas contables. El Tribunal intimó a los condenados a pagar el valor actualizado, pero ninguno cumplió con la orden.
La medida abarca propiedades y bienes vinculados a empresas como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto, además de inmuebles a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. También prevé que, si los activos iniciales no alcanzan para cubrir el monto, se puedan realizar bienes pertenecientes a Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
El Tribunal pidió al Ministerio Público Fiscal detallar el camino del dinero y precisar los bienes adquiridos entre 2003 y 2015, período en el que —según la sentencia— se desarrolló la maniobra delictiva mediante la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz.
Las defensas de los condenados cuestionaron la medida, alegando falta de prueba del origen ilícito, vulneración de garantías constitucionales y la inclusión de bienes adquiridos antes de los cargos públicos o sobreseídos en otras causas. Sin embargo, el Tribunal sostuvo que la sentencia firme acreditó beneficios económicos directos e indirectos para Báez y la familia Kirchner y que el decomiso abarca todos los bienes que constituyan “efectos, instrumentos o provecho del delito”.
La resolución se apoya en normas nacionales e internacionales, como la Convención de la ONU contra la Corrupción, que obligan a los Estados a recuperar activos producto de delitos contra la administración pública. Además, establece que pueden decomisarse bienes transformados o mezclados con activos lícitos, siempre que exista una relación temporal y lógica con el delito.
Los bienes deberán inscribirse en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados o Comisados, quedarán a disposición de la Corte Suprema, que definirá su destino, y podrán incorporarse nuevos activos si la Fiscalía acredita que se vinculan al caso.
El objetivo central del decomiso, según el Tribunal, es reparar el daño causado al Estado y a la sociedad, en línea con los estándares internacionales de recuperación de activos públicos.
