El pedido de quiebra presentado por Franco Alderete, titular de Lebron Group y principal acusado en una causa por una presunta estafa piramidal de alrededor de $530 millones, generó un fuerte rechazo entre los denunciantes. Los abogados de las víctimas sostienen que la presentación podría ser una maniobra para dilatar el pago de la deuda con cientos de inversores, mientras la investigación penal continúa bajo la órbita del fiscal Fernando Blanno.
Los representantes legales de los damnificados remarcaron que el pedido de quiebra no frena ni modifica el avance de la causa penal.
Según explicaron, la Justicia deberá analizar si la solicitud fue realizada de manera legítima o si se trata de una estrategia para evitar responsabilidades económicas y judiciales.
“Es una maniobra conocida para no cumplir con sus obligaciones”, afirmó el abogado Aníbal Paz, quien advirtió que un proceso concursal no puede utilizarse como escudo frente a una eventual responsabilidad penal.
En la misma línea, el letrado Juan Pablo Bello sostuvo que la presentación será analizada con detalle y no descartó impulsar una nueva denuncia si se detectan irregularidades.
“Si se trata de una quiebra fraudulenta, presentaremos la correspondiente denuncia porque es una conducta prevista y penada por el Código Penal”, señaló.
Bello también consideró que existen “maniobras desesperadas” del imputado que, según los denunciantes, continúan perjudicando a las víctimas.
El pedido de quiebra se conoció pocos días después de los allanamientos ordenados por el fiscal Blanno en domicilios vinculados a Alderete. Durante esos procedimientos, los investigadores secuestraron documentación y dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.
Entre los elementos incorporados a la causa figura un documento que, según trascendió, respaldaría la versión del empresario sobre actividades de importación de suplementos alimenticios, uno de los argumentos que habría presentado en su declaración.
Sin embargo, la hipótesis de la investigación apunta en otra dirección. Según las actuaciones, Alderete habría comenzado a operar en 2020 y desde mediados del año pasado empezó a incumplir los pagos comprometidos con los inversores.
Para los denunciantes, el punto más grave es que habría seguido captando fondos aun cuando ya no tenía capacidad para responder a las obligaciones asumidas.
Esa situación, sostienen, se parecería más a un esquema de estafa piramidal que a un simple incumplimiento contractual.
Mientras tanto, la causa penal sigue en marcha. El fiscal espera informes de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central para determinar si Alderete estaba habilitado para realizar actividades financieras.
Si se comprueba que no contaba con autorización, la investigación podría pasar al fuero federal y abrir la puerta al análisis de otros posibles delitos, entre ellos lavado de activos.
