El PAMI denunció penalmente al policonsultorio Sanarte S.R.L., ubicado en calle San Juan 225 de San Miguel de Tucumán, luego de detectar presuntas irregularidades administrativas, sanitarias y asistenciales durante una auditoría integral, en el marco de un amplio plan nacional de control y depuración de prestadores de salud.
La medida fue informada de manera conjunta por el PAMI y el Ministerio de Salud de la Nación, como parte de un proceso de fiscalización impulsado por el director ejecutivo del organismo, Esteban Leguízamo.
Según informaron, el caso tucumano involucra al policonsultorio Sanarte S.R.L., un centro de atención con distintas especialidades médicas y prácticas ambulatorias que presta servicios a afiliados del PAMI en la capital provincial.
La auditoría detectó una serie de observaciones que motivaron la intervención de las áreas legales del organismo y la posterior presentación de una denuncia penal.
Entre las irregularidades señaladas, los auditores constataron que el policonsultorio no contaba con habilitación municipal actualizada. También detectaron legajos profesionales incompletos, con falta de documentación obligatoria sobre matrículas e inscripciones de médicos que atendían a afiliados.
Otro punto observado fue la demora de hasta 21 días para otorgar turnos en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología. Según el informe, esta situación afectaba el acceso de los jubilados a las prestaciones médicas.
El PAMI también cuestionó el sistema de turnos del centro médico. De acuerdo con el relevamiento, los turnos eran asignados cada un minuto y por orden de llegada, una modalidad considerada incompatible con una atención adecuada y con los estándares exigidos para los afiliados.
Además, el organismo detectó una importante cantidad de consultas, estudios y prestaciones informadas al PAMI sin respaldo documental suficiente.
Los informes de auditoría también mencionan historias clínicas sin firma ni sello del profesional interviniente y estudios médicos sin los informes correspondientes.
Para el organismo nacional, estas situaciones podrían representar incumplimientos a la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, que regula la documentación clínica y las obligaciones de los prestadores de salud.
El caso de Tucumán forma parte de una ofensiva nacional del PAMI contra presuntas maniobras irregulares detectadas en distintos puntos del país. Según se informó, el proceso ya derivó en la baja de más de 1.500 prestadores por incumplimientos considerados graves.
En paralelo, el organismo también denunció a un médico de la UGL XIII de Chaco, identificado con las iniciales J.C., por inconsistencias entre prestaciones facturadas y la actividad efectivamente realizada, además de deficiencias en la documentación clínica obligatoria.
Las investigaciones se desarrollan dentro de un plan de control que el PAMI profundizó en los últimos meses. En noviembre de 2025, el organismo presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una presunta estafa vinculada al uso de órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo documental y uso indebido de datos personales de afiliados.
Esa presentación dio origen a por lo menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales del país.
Luego, en febrero de 2026, nuevas auditorías sobre prestaciones de cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de atención que el organismo consideró incompatibles con la capacidad operativa de algunos prestadores.
Entre los casos señalados, el PAMI mencionó un establecimiento que declaró 283 prácticas médicas en cinco horas, sobre 95 pacientes y con solo dos quirófanos. También informó sobre otro prestador que registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes.
Frente a estos hallazgos, el organismo implementó nuevas herramientas de control, como un sistema permanente de monitoreo de prestaciones, auditorías continuas, uso obligatorio de turnos digitales y penalizaciones automáticas ante excesos injustificados en la facturación.
Desde el PAMI aclararon que las bajas y sanciones a prestadores no afectarán la continuidad de los tratamientos de los afiliados, ya que los pacientes serán derivados a otros centros que forman parte de la red nacional de atención.
Como parte del fortalecimiento del control interno, en abril de 2026 fue designada la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del organismo.
