Los vecinos del edificio de Monteagudo 120, en pleno microcentro de San Miguel de Tucumán, siguen sin poder volver a sus departamentos a varios días de la grave explosión que sacudió el inmueble. Mientras continúan las pericias judiciales para determinar qué provocó el estallido y si hubo irregularidades en la construcción, las familias permanecen alojadas en casas de familiares, amigos u hoteles, sin una fecha clara de regreso y con temor por la seguridad del edificio.
Una de las damnificadas, Carolina Ayala, contó que desde el día de la explosión no pudo volver a tener un lugar fijo donde quedarse. La joven, oriunda del interior de Tucumán y estudiante universitaria, vivía en el edificio desde abril y aseguró que la situación se volvió especialmente difícil porque no tiene familiares cercanos en la capital.
“No tengo un lugar fijo donde quedarme”, relató la vecina, al describir la incertidumbre que atraviesan varios residentes.
Según explicó, algunos vecinos fueron alojados en un hotel por intermedio de la inmobiliaria, mientras que otros debieron buscar una solución por su cuenta.
Durante las últimas horas, propietarios e inquilinos pudieron ingresar de manera breve al edificio para retirar pertenencias. Sin embargo, remarcaron que el lugar todavía no está en condiciones normales de habitabilidad.
Aunque el servicio de agua y la electricidad comenzaron a restablecerse, el principal problema sigue siendo el gas, cuya reconexión todavía no tiene fecha confirmada.
Los vecinos también expresaron preocupación por el impacto económico que podría generar el uso permanente de artefactos eléctricos para reemplazar los equipos que funcionan a gas. Temen que eso provoque aumentos importantes en las facturas de luz y posibles riesgos de seguridad.
A esa preocupación se sumó una denuncia inesperada. Residentes del edificio aseguraron que, durante los días posteriores a la evacuación, se habrían registrado ingresos al inmueble y la desaparición de objetos personales.
Según señalaron, algunas puertas fueron forzadas y varios departamentos, especialmente los ubicados en el tercer piso, habrían sufrido faltantes de electrodomésticos y otras pertenencias.
Frente a esa situación, los propios vecinos comenzaron a organizarse para dejar constancia del estado de cada vivienda y registrar los bienes que aún permanecen en el interior.
Más allá de las pérdidas materiales, la mayor preocupación sigue siendo la seguridad del edificio. Los damnificados aseguran que no quieren regresar hasta tener garantías claras de que la estructura no representa ningún riesgo.
De acuerdo con la información que recibieron de la administración y de la inmobiliaria, existe la posibilidad de que algunos residentes puedan volver en aproximadamente una semana, solo con los servicios de agua y electricidad. Sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación oficial.
La situación también abrió un conflicto por los contratos de alquiler. Los vecinos analizan cómo se resolverán los pagos por el tiempo en que los departamentos permanecen inhabitables y si corresponde alguna reducción o compensación.
En paralelo, la investigación judicial continúa para determinar el origen de la explosión y establecer si existieron irregularidades previas. En ese marco, trascendió que el edificio tendría antecedentes por observaciones vinculadas a modificaciones estructurales y cuestiones de seguridad.
Entre los puntos bajo análisis figuran cambios en balcones, ampliaciones, alteraciones en ascensores y la construcción de un octavo piso que no habría contado con las autorizaciones correspondientes.
Además, documentación incorporada a la causa indica que en 2018 el inmueble figuraba entre los edificios habitados sin certificado final de obra ni habilitación definitiva.
