La Fiscalía de Delitos Complejos de Tucumán, a cargo de Mariana Rivadeneira, comenzó a citar a los padres de los menores involucrados en las amenazas de tiroteo en escuelas, en el marco de una investigación que avanza en la provincia, donde en las últimas semanas se registraron múltiples casos en instituciones públicas y privadas; la medida busca determinar responsabilidades y analiza acciones civiles para que las familias paguen los costos millonarios generados por los operativos de seguridad.
Durante los encuentros realizados este viernes, las autoridades explicaron a los progenitores el impacto real de estos hechos. Las pintadas intimidatorias y mensajes no solo generaron miedo, sino que obligaron a evacuar escuelas, movilizar patrulleros, activar equipos de Criminalística y Delitos Telemáticos, y paralizar el normal desarrollo de las clases.
Desde la fiscalía fueron claros: aunque los menores, por su edad, podrían no recibir una condena penal, esto no exime a los padres de la responsabilidad civil. En ese sentido, advirtieron que el Estado podría exigir que se devuelvan los gastos generados por cada operativo.
Los costos incluyen el despliegue policial, el trabajo de personal especializado y el tiempo perdido en el ciclo lectivo, además de los recursos utilizados para rastrear el origen de las amenazas mediante tecnología.
El Ministerio Público Fiscal busca con esta medida sentar un precedente para frenar la ola de intimidaciones que generó preocupación en toda la comunidad educativa. En las últimas semanas, la situación obligó a una fuerte coordinación entre escuelas, equipos de contención, fuerzas de seguridad y la Justicia.
