El Ministerio de Salud de la Nación comenzó a enviar cartas documento para auditar todas las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) activas. En esta primera etapa, se enviaron 300 mil notificaciones a beneficiarios de Tucumán, Chaco, Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Santa Fe, con el objetivo de revisar posibles irregularidades. Según la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), hay miles de casos que necesitan ser corregidos, y la medida busca asegurar que el beneficio llegue solo a quienes realmente lo necesitan.
El titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, afirmó que Tucumán es una de las provincias donde se detectaron más irregularidades en la entrega de pensiones. “Se otorgaban mil, mil quinientas o hasta dos mil pensiones en un solo evento, donde se reunía a la gente en un gimnasio y se les entregaba un certificado sin controles médicos adecuados ni documentación que acreditara la discapacidad”, explicó. Además, agregó que muchas personas solo hablaban con un médico sin una revisación real y luego recibían un “diploma” informándoles que pronto comenzarían a cobrar la pensión.
El proceso de auditoría abarca más de un millón de casos y se llevará a cabo de manera progresiva. Se espera que esta revisión genere un ahorro de $900 mil millones en 2024. El plan establece que los beneficiarios recibirán una carta documento con un turno asignado para presentarse ante un médico de PAMI, quien evaluará la documentación y realizará los controles necesarios. Luego, ANDIS analizará cada caso y determinará quiénes cumplen con los requisitos para seguir recibiendo el beneficio.
El incumplimiento de la citación puede derivar en la suspensión de la pensión. Si un beneficiario no puede asistir, debe justificar su ausencia hasta 24 horas antes del turno enviando un correo a [email protected] o un mensaje al chatbot de TINA (+54 11 3910-1010), adjuntando la documentación que respalde su justificación y copia del DNI.
Las auditorías fueron impulsadas tras detectar serias irregularidades en la tramitación de las pensiones. De las 22.417 pensiones revisadas en 2023, solo el 20% cumplió con los requisitos legales. También se hallaron 150 beneficiarios fallecidos y 212 presos que seguían cobrando pensiones por discapacidad. En octubre del mismo año, se capturó a 14 prófugos de la justicia que percibían este tipo de ayudas.
Para implementar el plan de auditorías, el Ministerio de Salud firmó acuerdos con ANDIS y PAMI, permitiendo la contratación del servicio postal, la evaluación clínica de los beneficiarios y la aplicación de los procedimientos administrativos necesarios para dar de baja las pensiones que no cumplan con los requisitos. Según el cronograma establecido, se espera que todas las pensiones activas sean evaluadas durante la primera mitad de 2025.
