La posibilidad de consumir carne de burro volvió a instalarse en el debate en Argentina, especialmente en provincias como Tucumán, en medio del fuerte aumento del precio de la carne vacuna, que subió un 12% en el primer bimestre de 2026; aunque no está prohibida, su venta se mueve en un terreno sin regulación clara, sin frigoríficos habilitados y con dudas sanitarias, lo que genera preocupación sobre cómo podría comercializarse y bajo qué controles.
Según explicó el técnico de la Dirección de Ganadería, Felipe Belotti, la carne de burro no está contemplada dentro del Código Alimentario Argentino, lo que crea un vacío legal. Si bien el Senasa no la prohíbe, tampoco existe una estructura formal para su producción y control, algo clave para garantizar que sea segura para el consumo.
Uno de los principales problemas es la falta de controles sanitarios específicos, como los análisis de enfermedades que sí se exigen en otras carnes. Sin estos requisitos, cualquier intento de comercialización formal podría derivar en riesgos para la salud o en prácticas ilegales como la faena clandestina.
Desde el punto de vista nutricional, especialistas señalan que es una carne magra, con alto contenido proteico, incluso superior a la vacuna. Sin embargo, el mayor obstáculo es cultural: en Tucumán y gran parte del país, el burro y el caballo no son vistos como alimentos, sino como animales de trabajo.
A pesar de esto, el interés por alternativas más económicas crece. Un ejemplo reciente ocurrió en Trelew, donde una degustación de carne de burro tuvo gran convocatoria, lo que refleja un cambio en el comportamiento de consumo frente a la crisis económica.
En paralelo, el consumo de pollo y cerdo sigue en aumento, ya que son opciones más accesibles. Este cambio muestra cómo la inflación está modificando los hábitos alimentarios, obligando a muchos a buscar alternativas más baratas.
