“Aquí metió la mano el legislador. La impunidad…es así. Usted sabe lo que es Tucumán. Usted sabe que con plata y política se puede hacer todo. Yo no creo más en nada”.
La reflexión cruda es de Sonia Mariana Edén Alvarez, madre José Alberto Rojas Eden. El presunto autor material del hecho quedó libre tras una apelación pese a ser condenado previamente.
Se trata de Carlos García, hermano del legislador radical Ariel García, quien fuera condenado a 8 años de prisión por el asesinato de José Alberto Rojás Edén, poco antes de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia decidiera absolverlo. García fue acusado de atacar con un arma a Rojas Eden el 6 de marzo de 2004, en una discusión que mantuvieron ambos en un bar de Juramento y Juan Posse. Los magistrados concluyeron que García no actuó en legítima defensa sino con dolo, es decir, con intención de quitarle la vida. Pero ese fallo se desmoronó con la decisión del máximo tribunal.
La madre del joven volvió a expresar su rechazo ante la decisión del máximo tribunal en el programa de Radio Ciudad que conduce Adrián Intile.
“A mi hijo lo asesinaron…doce años luché por la justicia. Conseguí el juicio, lo condenaron a 8 años pero como no quedó la sentencia firme pasó a Casación y lo dejaron luego libre. Metieron mano en la morgue, y el legislador hizo todo lo que quiso en la causa. El le disparó pero luego quisieron hacerlo parecer una pelea”, afirmó la mujer en tono profundamente consternado.
“El tiene un sobrino también que mató a un chico en la costanera y estuvo preso. Es el hijo del asesino de mi hijo. Se llama Carlos Martín García. Salió en libertad mientras espera el juicio pero no se que pasará…porque este señor mete la mano en todo. Me siento burlada. Estafada por la Justicia”, agregó Eden Alvarez.
La sentencia fue dictada el 4 de septiembre de 2015 por los jueces de la Sala IV de la Cámara Penal, presidida por Wendy Adela Kassar e inegrada además por María del Pïlar Prieto y Emilio Páez de la Torre. La decisión del Máximo Tribunal indignó a los familiares del joven, que junto a integrantes de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, se concentraron este jueves en el Palacio de Tribunales para exigir Justicia. La familia desde entonces denuncia protección política del homicidio.
“Nos apretaron alguna vez. Fue cuando hacíamos nuestras marchas y protestas. Nos mandaron una patota para rompernos los carteles. Así se manejan ellos”, finalizó la mujer.
