Los médicos José Gijena y Cecilia Ousset, obstetras que asistieron a la niña de 11 años en la cesárea practicada el 26 de febrero último fueron denunciados penalmente en la mañana de este lunes por la presunta comisión del delito de homicidio agravado que contempla una condena de prisión perpetua.
Se trata del polémico caso de la niña de 11 años embarazada, producto de la violación de la pareja de la abuela de la víctima, con quien vivía.
En el escrito, los denunciantes además piden la “inmediata detención” de los profesionales por entender que actuaron sin que se dieran las circunstancias del caso. “La menor embarazada presentaba parámetros vitales estables, clínicamente no existían indicaciones de cesárea de urgencia”, redactaron en la denuncia.
Además de los profesionales, también fue denunciada Adriana Mónica Romano, Defensora de Menores por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Los denunciantes presentaron el escrito que lleva la firma de María Teresa Mockevich, Viviana Matar, Luciana María Colombres, Constanza del Carril, Raúl Lezana, Angella Vittini, Jorge Javier Ramacciotti, Ricardo Miguel Auad, patrocinados por Salvador María del Carril.
“Actuamos conforme a la ley”
Ante esta grave denuncia, los médicos sostuvieron que se sienten “discriminados” por parte de la sociedad que se identifica con una de las posturas. “Quienes están a favor del lema “Salvemos las Dos Vidas” me han escrachado en las redes sociales y se han mostrado inflexibles contra la forma en que intervenimos. Nosotros estamos tranquilos porque actuamos de acuerdo con la ley“, explicó Gijena en declaraciones a la señal TN.
El caso estaría contemplado por un fallo que permite la Interrupción del Embarazo ante situaciones que la mujer haya sido víctima de abuso sexual.
Gijena sostiene que, incluso su esposa, la obstetra Ousset, “es objetora de conciencia” pero que intervinieron juntos ante el dramatismo de la situación.
“Hay que entender que muchas personas apelan a la interrupción del embarazo a través de clínicas privadas o lo hacen simplemente porque pueden pagarlo. Hay diversas prácticas abortivas. Todos lo saben. En este caso, estaban dados los presupuestos contemplados por la ley para que diéramos lugar al protocolo. Se trata de una niña violada. El caso que nosotros atendimos es el de una familia sin recursos económicos a la que debimos atenderlos. Entonces sólo quienes pueden con dinero lo hacen y los otros son abandonados a su suerte? Forman parte de una hipocresía que existe en la sociedad”, indicó el profesional.
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