Semanas atrás, desde la Procuración Penitenciaria de la Nación difundieron un video en el que se mostraba el estado actual de las instalaciones de las cárceles de Tucumán.
El director de Derechos Humanos de la Procuración, Ariel Cejas Meliar, señaló al respecto que “nunca encontramos una situación tan grave como la que hallamos en Tucumán”.
“Haber encontrado a una persona baleada, en un lugar que no era apto para el alojamiento y, encima, encadenada durante tres días, nunca lo habíamos visto”, amplió, contando lo presenciado por los funcionarios de esa institución que realizaron una inspección a los tres penales de la provincia a principios de agosto.
“El nivel de impunidad con que se están manejando (las autoridades penitenciarias) nos dejó absortos”, explicó Cejas Meliare tras enterarse de que, tras la inspección, los funcionarios del penal de Concepción negaron lo que los miembros de la delegación nacional dejaron registrado en fotos y videos con sus propios celulares.
Durante dos días, los miembros del organismo recorrieron las instalaciones de la penitenciaría del sur, además de Villa Urquiza y Santa Esther, en Banda Del Río Salí, acompañados por funcionarios locales.
“Nosotros no fuimos preparados para hacer este tipo de denuncia, fue tan alarmante la situación que no nos quedó otra que constatarlo vía fotográfica y en video. Y menos mal que lo hicimos, porque fue negado en la misma audiencia. Imagínese si no hubiéramos presentado ninguna prueba”, explicó el funcionario nacional en diálogo con Radio Continental Tucumán.
Con respecto a las instalaciones sanitarias, Cejas Meliare los definió como “totalmente mugrientos, algunos con letrinas y otros con inodoros, pero en malas condiciones”. Las imágenes difundidas por la Procuración muestran pisos completamente inundados, con paredes y techos humedecidos al punto de emanar agua y muchísima suciedad en los azulejos, varios destrozados. Además, por lavabo se puede ver un tacho de 200 litros azul con una cañería plástica rota en su extremo, vertiendo agua permanentemente. No existen inodoros como tampoco puerta o cortina que procure intimidad. En el piso, grandes cúmulos de basura mojada y partes del piso roto para dar acceso a las cámaras y las cañerías.
Por otro lado, el estado de los alimentos no es mejor que el de los baños. “Muchos internos nos decían que, para tener una comida digna hay que pagar; para hablar por teléfono hay que pagar, para sacar un escrito a los juzgados o a la Defensoría hay que pagar“, graficó Cejas Meliare. Sin embargo, destacó que en ninguno de los penales se vieron ratas.
Otro dato preocupante es que las cárceles tucumanas están superpobladas. y las comisarías de la provincia rebalsan de presos que, periódicamente, se amotinan porque no existen condiciones mínimas de alojamiento.
En la provincia no existen cárceles federales, pero la construcción de un penal para alojar a presos por delitos de esas características tampoco aparece en los planes del Gobierno nacional. Como consecuencia de esa carencia, se llegó a alojar a detenidos hasta en el aeropuerto Benjamín Matienzo. César Nieva, subsecretario de Seguridad de la provincia, dijo que ya se pidió ayuda al ministro de Justicia, Germán Garavano, pero no hubo respuesta alguna.
Cejas Meliare remarcó que otro gran problema de las cárceles de nuestra provincia es que no existe ningún tipo de clasificación entre los internos, no hay progresividad y no se cumple la ley de Ejecución de la Pena. “Hay una desidia general”, analizó. A ello se suma la falta de acceso a la salud, el trabajo y la educación dentro de los penales. Las cárceles tucumanas, definió, no cumplen “las normas mínimas de habitabilidad” y el hacinamiento, entre otros problemas, impide un tratamiento para que los internos puedan trabajar y estudiar, con el objetivo de que su paso por el penal sea productivo.
Con respecto a las familias de los internos, un reclamo que se hace oír es el de las esposas y madres, que señalan que las requisas para ingresar a ver a sus seres queridos son inhumanas. “Te hacen desnudarte,te abren la cola y te meten una linterna”, graficó Rosa Ponce, madre de uno de los internos de Villa Urquiza.
La protesta con huelga de hambre de los reclusos de los de la Unidad 1 todavía no terminó. Los presos reclaman que, en virtud de una nueva disposición, ahora deben afrontar un examen toxicológico para acceder a las salidas transitorias que la ley les permite una vez cumplido el 50% de la pena. Si el resultado determina que consumieron drogas, se les niega el permiso.
“Pero ¿nadie se pregunta cómo puede ser que a un preso le de positivo el análisis de droga? ¿Nadie va a investigar cómo es que entra la droga al penal? Porque nosotras no somos, a nosotras nos humillan cada vez que vamos a visitarlos, nos revisan hasta la vagina. Son ellos mismos: los guardiacárceles“, remarcaron las mujeres.
El 18 de enero de este año, Mario Jesús Suárez murió apuñalado en Villa Urquiza. Un mes antes, Daniel Marcos Cuéllar había sido estrangulado en el mismo penal y su muerte había desatado un motín. Entre esas dos fechas, otro interno asesinó a su mujer durante una visita y se suicidó. Días después, cinco personas resultaron heridas en una revuelta.
En Tucumán, en 2012 se sancionó la ley de creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, el Ejecutivo tardó más de cuatro años en reglamentarla y todavía no está operativa. Hoy, a la comisión no la integra nadie.
Mientras tanto, la Procuración Penitenciaria puso en conocimiento de las autoridades provinciales el resultado de la inspección que realizó este mes en las tres cárceles tucumanas. Hasta el momento, no hubo respuesta oficial sobre un plan para revertir la situación.
